Ecuador puso en vigencia el lunes una nueva ley que regula los procesos electorales y prohíbe la difusión de trabajos periodísticos que, a juicio de las autoridades, busquen favorecer candidatos o ideologías.
La norma, impulsada por el oficialismo, entró a regir desde las 15:30 tras su publicación en el Registro (Diario) Oficial, al vencer el plazo de 30 días para que el Congreso se pronunciara sobre un veto del presidente Rafael Correa al llamado Código de la Democracia, que normará las elecciones generales de 2013.
La Asamblea Legislativa -donde la izquierda en el gobierno tiene el mayor bloque- no se pronunció sobre dos puntos del veto, incluido el que regula el trabajo de la prensa y que resulta ser el más polémico en medio de la pugna que Correa -quien no descarta la reelección- mantiene con un sector de la prensa.
Ese artículo señala que “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir en favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.
La normativa no especifica las sanciones por la violación de ese mandato, pero la corte electoral está facultada para multar a medios que interfieran en los comicios.
Un reglamento para aclarar ese y otros aspectos debe ser expedido por el Consejo Electoral, pero asambleístas opositores aseguran que esta función corresponde al Parlamento. Uno de ellos, Paco Moncayo, presentó este lunes una demanda de inconstitucionalidad.
“Gracias al veto al Código de la Democracia, al menos en forma tan descarada, no podrán mostrar su simpatía o antipatía y no podrán hacer propaganda política porque son periodistas, tienen que informar. Si quieren meterse a la política, pónganse de candidatos”, dijo Correa el sábado.
La norma es rechazada por gremios periodísticos que la consideran una “mordaza” y violatoria de la libertad de expresión, pero que fracasaron en un pedido de medidas cautelares a la justicia.
“Se consagra la violación de un derecho constitucional que es la libertad de expresión y opinión, que pudo evitarse a través de la medida cautelar, pero la presión del poder político se impuso”, dijo el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez.