Ejecutivo impulsa ley urgente para frenar desvío de fondos en fundaciones

La ley obliga a fundaciones y ONG a registrar sus actividades, rendir cuentas y transparentar el uso de sus fondos.

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Daniel Noboa remitió el martes 29 de julio de 2025 a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente. Con esta propuesta busca establecer nuevas reglas para las organizaciones de la sociedad civil como fundaciones, corporaciones y ONG.

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La Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales dispone que la SEPS asuma el control y supervisión de entidades sin fines de lucro. Esta medida incluye a fundaciones, corporaciones, ONG y otras organizaciones similares.

Esta decisión, según lo que ya había adelantado el mandatario en una entrevista radial, responde a la necesidad de regular el financiamiento de estas organizaciones, ya que —según dijo— algunas estarían sirviendo de fachada para actividades ilícitas.

La SEPS asumirá la supervisión total de las fundaciones, según propuesta de ley

El capítulo 4 del proyecto asigna a la SEPS la vigilancia, auditoría, intervención y control de todas las organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras. Esta función se ejercerá bajo las normas de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros y la nueva ley propuesta.

La regulación abarca fundaciones, corporaciones, ONG, organizaciones comunitarias y demás entidades similares. Todas ellas deberán estar inscritas en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), que opera bajo el Ministerio de Gobierno.

Nuevas obligaciones y sanciones para fundaciones y ONG

Las organizaciones reguladas tendrán que adoptar medidas internas para garantizar la transparencia financiera y evitar el uso indebido de fondos. Entre los mecanismos exigidos están auditorías internas y externas, registros detallados de transacciones y reportes periódicos sobre el uso de recursos.

Además, deberán implementar sistemas de integridad institucional, códigos éticos, evaluaciones de impacto y políticas de gestión de riesgos contra la corrupción. También se establece la obligación de presentar cada año un informe público de gestión y uso de recursos, con el detalle de ingresos, egresos, donaciones, proyectos ejecutados y beneficiarios.

El incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones. El proyecto tipifica como infracción el desvío de recursos económicos respecto a sus fines. También sanciona el incumplimiento reiterado de normas contables y de prevención de lavado de activos, así como cualquier intento de obstaculizar la labor de control de la SEPS.

Garantías para evitar persecución política

Aunque se endurece el control, la norma también incluye una disposición general que prohíbe que estas medidas se utilicen como herramientas de persecución política o como formas de restringir ilegítimamente la libertad de asociación.

El texto señala: “Ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales”.

Se proponen reformas tributarias

Junto con el control a las organizaciones sin fines de lucro, el proyecto incorpora una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno. El cambio plantea un impuesto a la renta único del 12% sobre los dividendos o utilidades. Esta medida aplicará a las sociedades residentes o establecimientos permanentes en Ecuador que distribuyan beneficios entre sus socios o accionistas.

Según cifras citadas en el proyecto, a enero de 2024 existían 71 786 organizaciones sociales en el país, de las cuales 61 025 estaban vigentes. Las provincias con mayor concentración de estas entidades son Pichincha, Guayas y Manabí, según una investigación del Grupo Faro con base en datos del Suios.