Con la presentación de un informe del procurador General del Estado, Íñigo Salvador, la Asamblea concluyó este miércoles 19 de enero del 2022 la recepción de los balances de la gestión realizada en el último año por ocho instituciones del Estado. Distintas comisiones especializadas analizarán los datos entregados.
En lo que respecta a la defensa jurídica del Estado en asuntos internacionales, Salvador aludió a “86 procesos internacionales activos, de los cuales 10 se refieren a arbitrajes en materia de inversión, 13 a arbitrajes comerciales, 15 a juicios en sede extranjera y 7 a procesos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 40 a notificaciones de controversias”.
Entre las materias involucradas en este tipo de disputas se encuentran asuntos relativos a corrupción, tributos, contratación, hidrocarburos, medioambiente, infraestructura pública, sector eléctrico y recuperación del patrimonio cultural.
De estos procesos, durante el 2021, tres tuvieron resoluciones favorables parcialmente para el Estado ecuatoriano. Existió una solución amistosa y un resultado desfavorable, dijo.
El funcionario aseguró que la Procuraduría ha asumido un rol cada vez más directo en varios arbitrajes internacionales, para reducir el pago a estudios jurídicos. Aseguró que también se renegociaron estos contratos y que, mientras se destinaron USD 31 millones anuales desde el 2014 al 2017 para este fin, entre 2018 y 2021 se desembolsaron USD 19 millones.
Asimismo, detalló que hasta el 31 de diciembre del 2021 se registraron 321 causas activas en materia de Derechos Humanos. De ellas 35 son nuevas y 4 se encuentran en etapa de admisibilidad ante la Comisión de DD.HH. de la ONU. Otras 26 están en la etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 6 en el inicio de la etapa contenciosa en la Corte Interamericana.
Otras instancias
Durante su turno, el defensor Público, Ángel Torres Machuca, resaltó que el año pasado la institución que lidera gestionó 235 522 patrocinios a escala nacional. De ellas, el 57% en materia penal y el 43% en materia no penal. En lo que respecta a la violencia de género se atendieron a 23 849 víctimas.
“Entre las líneas de servicio no penales, la atención en familia, aunque decrece frente al año 2019 continúa siendo la de mayor número de patrocinios gestionados por los defensores, mientras que el crecimiento se da en materias constitucional e inquilinato, que han ganado preponderancia en el último año”, anotó.
En la sesión que se dio en modalidad virtual, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, apareció rodeada del resto de funcionarios de la entidad para presentar el balance y defender la gestión, aunque no aludió al anuncio del primer Mandatario, Guillermo Lasso, de impulsar una consulta popular para eliminar este organismo.
Maldonado llamó a los legisladores a “comprender la verdadera dimensión del trabajo y el rol trascendental dentro del Estado que tiene esta institución denominada Consejo de la Judicatura, que no es de reciente creación”, sino que data de 1992.
La funcionaria señaló que el año pasado este organismo destituyó a 66 funcionarios por distintas causas y se dieron otros 366 sumarios con sanción pecuniaria o amonestación verbal. Entre las investigaciones aludió a sorteos de causas en Pichincha e Imbabura.
También intervino la fiscal General, Diana Salazar, y un día antes hicieron lo propio las autoridades de la Función de Transparencia, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. Asambleístas de Pachakutik y el correísmo se impusieron y enviaron el análisis de los informes a comisiones controladas por ellos, que en 30 días deberán entregar sus conclusiones para resoluciones en el Pleno.