3 de July de 2012 11:29

Ecuador no pedirá el retorno de Pablo Guerrero, asilado en República Checa y acusado de supuesto terrorismo el 30s

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El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, aseguró hoy que su Gobierno no pedirá el retorno al país de Pablo Emilio Guerrero Martínez, a quien República Checa otorgó asilo este lunes.

"Puede quedarse allá, nosotros no vamos a insistir en que venga, bueno, la Función Judicial lo podrá hacer, nosotros como Gobierno preferimos tener este tipo de personas un poquito lejos, están por allá y la pasan bien, que la sigan pasando bien", dijo Patiño en la televisión Gama.

La resolución del Ministerio de Interior checo señala que "la razón de la salida de Ecuador (de Guerrero) y presentación de solicitud de protección internacional fueron los temores de un proceso penal y el castigo por supuesto intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010" cuando hubo una sublevación policial.

El Gobierno interpretó esa insurrección policial como un intento de golpe de Estado, por lo que ese día ordenó que las televisiones y radios se enlazaran a la transmisión del canal público sobre los acontecimientos durante un período aproximado de seis horas.

Guerrero, de 44 años fue procesado tras entrar a la fuerza ese día, con un grupo de simpatizantes, al canal público para, según él, dar su opinión sobre la reforma de la ley del servicio público, que generó la sublevación.

El Ministerio checo considera que Guerrero "en su patria desarrolló una actividad encaminada a ejercer los derechos y libertades políticos, y que por esta actividad fue perseguido".

En el documento de asilo, que tiene una vigencia de 10 años y es renovable por otros diez, se añade también que "el proceso penal que en su país sigue su curso contra el solicitante y otras doce personas tiene todos los elementos de un proceso político, y la pena que podrían recibir no guarda relación con la seriedad de la culpa".

El 15 de agosto de 2011, el fiscal ecuatoriano Gustavo Benítez pidió entre 8 y 12 años de cárcel para las 13 personas que irrumpieron de forma violenta en el canal público.

El fiscal argumentó durante la audiencia preparatoria que este grupo de personas cometió "un presunto delito contra la administración pública, (...) según el cual se reprimirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, a quienes sean encontrados culpables", señaló entonces la Fiscalía en un comunicado.

El 30 de septiembre de 2010 los agentes sublevados retuvieron por gran parte de la jornada al presidente del país, Rafael Correa, en un hospital de la Policía.

Además, murieron 10 personas, 5 de ellas por los enfrentamientos protagonizados por los policías sublevados con fuerzas fieles a Correa y con civiles, que fueron a las inmediaciones del hospital con la consigna de salvar al mandatario.

Las otras 5 personas murieron por la violencia desencadenada por la falta de agentes patrullando las calles.

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