Sectores opositores de Ecuador solicitaron este martes 5 de mayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas cautelares para evitar que la Asamblea, controlada por el oficialismo, apruebe enmiendas constitucionales para establecer la reelección indefinida.
El pedido dirigido a la CIDH fue presentado por dirigentes políticos de oposición ante la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el norte de Quito. “Si no defendemos la democracia, qué va a pasar el día de mañana.
Decimos basta a la reelección indefinida y basta al cambio de la Constitución”, dijo a la prensa la coordinadora de Pachakutik (brazo político de un movimiento indígena), Fanny Campos.
El oficialismo impulsa desde 2014 enmiendas constitucionales para establecer la reelección indefinida de todos los cargos de votación, lo que está en vías de aprobación en el Parlamento.
Las enmiendas habilitarían al presidente socialista Rafael Correa, en el poder desde 2007, a optar en los comicios de 2017 a otro período de cuatro años.
La oposición plantea que la reelección sea resuelta mediante una consulta popular, lo que no ha sido viabilizado por la autoridad electoral. “Se niega el derecho a la consulta popular y no queda más que las instancias internacionales y la calle para poder defender el derecho de los ecuatorianos a ser consultados”, declaró a periodistas Guillermo Lasso, líder de un sector de la oposición de centroderecha que promueve el referéndum.
Lasso, quien perdió las elecciones con Correa en 2013, añadió que los ecuatorianos deben “decidir, como los verdaderos dueños de la democracia, el destino del Ecuador”.
Un 81,6% de la población opina que debe llamarse a consulta popular para definir la reelección indefinida, según una reciente encuesta del privado Centro de Estudios y Datos (Cedatos), cuyas mediciones son desestimadas por el gobierno por considerarla una empresa vinculada a la oposición. Correa, quien apoya la polémica enmienda y goza de una alta popularidad, todavía no ha anunciado si se postulará a un nuevo mandato. El mandatario es un duro crítico de la CIDH.