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La legislación ecuatoriana contempla cambios frente a conductas que vulneran el consentimiento y la libertad de decisión de las personas. Una reforma aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de octubre de 2026 incorpora sanciones penales para quienes obliguen a otra persona a casarse o conformar una unión de hecho.
La reforma a la Ley contra la Trata de Personas incorpora el artículo 163.2 al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada.
La disposición establece una pena de tres a cinco años de cárcel para quien obligue a otra persona a contraer matrimonio o iniciar una unión de hecho sin su consentimiento libre, pleno e informado.
La conducta puede incluir violencia, amenazas, intimidación, engaño u otras formas de coacción.
La misma pena se aplicará a quien utilice esos medios para trasladar a una persona fuera de Ecuador con el propósito de forzarla a contraer matrimonio o conformar una unión de hecho.
La sanción también alcanzará a quien impida el retorno de la víctima al país o la retenga en el extranjero con esos fines.
La reforma fija una pena de cinco a siete años de cárcel cuando el delito incluya circunstancias agravantes.
Este rango se aplicará cuando la víctima sea menor de 18 años. También regirá cuando una persona adulta no pueda expresar libremente su voluntad o comprender el significado del matrimonio o de la convivencia de pareja que otra persona pretenda imponerle.
La pena agravada también corresponderá cuando el responsable pertenezca al núcleo familiar de la víctima o ejerza funciones de tutela, cuidado, representación o autoridad sobre ella.
La sanción de cinco a siete años también se aplicará cuando el responsable ocupe una posición de poder o aproveche la dependencia económica de la víctima.
La tipificación del matrimonio forzoso forma parte de una reforma más amplia a la Ley contra la Trata de Personas y el tráfico ilícito de migrantes.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, presidida por la asambleísta Lucía Jaramillo (ADN), tramitó el proyecto.
El texto contiene 26 artículos, tres disposiciones reformatorias al COIP, una disposición general, tres transitorias, una derogatoria y una final.
La reforma también modifica el artículo 91 del COIP, precisa las conductas que configuran la trata de personas y establece penas de entre 19 y 35 años de cárcel, según las circunstancias del delito y sus consecuencias para la víctima.
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto el 20 de octubre de 2026, durante el segundo debate en la sesión 132 del Pleno.
La iniciativa recibió 144 votos de legisladores de Acción Democrática Nacional, Revolución Ciudadana, Pachakutik, Partido Social Cristiano y sectores independientes.
La reforma incorpora al COIP las sanciones por matrimonio forzoso y unión de hecho forzada, además de las circunstancias que elevan las penas hasta siete años de cárcel.
La reforma aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de octubre de 2026 tipifica el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada como delitos, con penas de tres a cinco años de cárcel.
Contexto: La disposición incorpora el artículo 163.2 al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción corresponde a quien obligue a otra persona a casarse o iniciar una unión de hecho sin su consentimiento libre, pleno e informado.
La pena será de tres a cinco años de cárcel cuando una persona obligue a otra a contraer matrimonio o conformar una unión de hecho sin su consentimiento libre, pleno e informado.
Contexto: La conducta puede incluir violencia, amenazas, intimidación, engaño u otras formas de coacción. La reforma también contempla sanciones por trasladar o retener a una persona en el extranjero con el propósito de forzarla a casarse o iniciar una unión de hecho.
La pena será de cinco a siete años de cárcel cuando existan circunstancias agravantes, como que la víctima sea menor de 18 años o que el responsable tenga una relación de autoridad o poder sobre ella.
Contexto: La sanción agravada también se aplicará si la víctima adulta no puede expresar libremente su voluntad o comprender el significado del matrimonio o la convivencia de pareja que otra persona pretende imponerle. El rango también corresponde cuando el responsable pertenece al núcleo familiar, ejerce funciones de tutela, cuidado o representación, o aprovecha la dependencia económica de la víctima.
El delito puede configurarse cuando una persona obliga a otra a casarse o conformar una unión de hecho mediante violencia, amenazas, intimidación, engaño u otras formas de coacción.
Contexto: La disposición también sanciona a quien utilice esos medios para trasladar a una persona fuera de Ecuador con ese propósito, impida su retorno al país o la retenga en el extranjero para forzarla a contraer matrimonio o iniciar una unión de hecho.
La reforma establece una pena de tres a cinco años de cárcel para quien utilice violencia, amenazas, intimidación, engaño u otras formas de coacción para trasladar a una persona fuera de Ecuador con el propósito de forzarla a casarse o conformar una unión de hecho.
Contexto: La misma disposición contempla la sanción para quien impida el retorno de la víctima al país o la retenga en el extranjero con esos fines. Si concurren las circunstancias agravantes previstas en la reforma, la pena puede aumentar de cinco a siete años.
La pena será de cinco a siete años de cárcel cuando el responsable pertenezca al núcleo familiar de la víctima.
Contexto: La sanción agravada también se aplicará cuando el responsable ejerza funciones de tutela, cuidado, representación o autoridad sobre la víctima, ocupe una posición de poder o aproveche su dependencia económica.
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