La defensa del expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, pidió la excusa de Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el trámite del pedido de extradición que hiciera en contra del exfuncionario, dentro del proceso judicial que se le sigue en su contra por el presunto delito de uso doloso de un documento falso.
En un escrito presentado por el abogado de Delgado, Juan Carlos Carmigniani, se señaló que Ramírez no debe continuar con el trámite legal, porque no tendría “imparcialidad” en el caso.
Esto, porque a inicios del 2012, Delgado pidió al Consejo de la Judicatura la destitución de Ramírez, porque supuestamente había incumplido una disposición transitoria de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, del 24 de noviembre del 2011.
Allí se dispuso que todos los jueces que conocían juicios de excepciones, planteados por quienes presuntamente mantenían deudas con el Estado, debían archivarlos, para que los casos pasen a conocimiento de los jueces coactivos.
El incumplimiento de esta obligación debía ser sancionado con la destitución del magistrado a cargo de cada proceso. “Resulta que uno de los jueces que consta en este listado es usted y que, pese al pedido de destitución presentado en su contra, por no haber dado cumplimiento a la ley, ahora ocupa la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia”, señaló Carmigniani en el escrito entregado a la CNJ.
Ramírez todavía no se ha pronunciado al respecto, ni sobre el pedido de excusa en el trámite de extradición.
Según la defensa de Delgado, este delito no admite la extradición desde los Estados Unidos, en donde se encuentra Delgado desde que renunció a sus funciones en diciembre del 2012, luego de informar en una rueda de prensa que no tenía título de economista.
Esto motivó las críticas del Régimen y el inicio del juicio penal en su contra, que para Delgado es una persecución.
Según Delgado, la Fiscalía ha actuado sin diligencia alguna para tramitar los casos vinculados al Feriado Bancario de 1999. Esto, porque presuntamente no se han adelantado los procesos judiciales contra algunos deudores de la banca cerrada. Ni tampoco se ha indagado a quienes presentaron juicios de excepción contra el Estado, para evitar el pago.
En una carta enviada por Delgado el jueves pasado, se aseguró que “se presentó ante la Fiscalía General las denuncias de delito contra la actividad judicial , de al menos 60 casos de deudores que quisieron engañar a la Función Judicial y evitar pagar sus obligaciones con el Estado. A ninguna de estas denuncias presentadas se les ha dado trámite”.