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Daniel Noboa dio detalles sobre los posibles perfiles que integrarían una eventual Asamblea Constituyente si la ciudadanía aprueba la cuarta pregunta del referendo y consulta popular del 16 de noviembre. En una entrevista concedida a Radio Sucre, Noboa aseguró este miércoles 12 de noviembre de 2025, que el nuevo texto constitucional sería elaborado por 80 constituyentes elegidos por voto popular y que su gobierno no intervendría en la redacción del documento.
Durante el diálogo, Noboa confirmó que ya existen perfiles que podrían participar en el proceso constituyente.
Entre ellos mencionó a la exfiscal general del Estado, Diana Salazar, como posible representante por Pichincha; a la asambleísta Annabella Azín en la lista nacional; y al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, por Guayas.
Añadió que también observa con buenos ojos a figuras del ámbito militar, jurídico y político, como el almirante Jaime Vela, por su conocimiento en materia de seguridad y Fuerzas Armadas; al exministro de Gobierno José de la Gasca; a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Nataly Morillo; y al exjuez constitucional Enrique Herrería.
Noboa subrayó que los futuros constituyentes serán elegidos por votación popular, sin intervención del Ejecutivo, y que su tarea consistirá en redactar una Constitución “más ciudadana y menos garantista con los criminales”.
El mandatario explicó que uno de los principales objetivos de la reforma constitucional sería equilibrar las prioridades de atención en casos de emergencia.
Sostuvo que actualmente las personas privadas de libertad (PPL) se encuentran dentro del régimen de atención preferente junto con grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad, algo que calificó como un error del sistema.
“No podemos poner al PPL que ha cometido delitos graves al mismo nivel de prioridad que una niña o una persona con enfermedad catastrófica”, señaló.
Noboa indicó además que su propuesta busca recuperar el registro público de violadores de menores, que fue eliminado por la Corte Constitucional, y fortalecer el principio de justicia con enfoque en las víctimas. “Nuestra línea es lo sensato y lo que pide la gente: paz, orden, justicia, dignidad y prioridad a quien hace las cosas bien”, afirmó.
El jefe de Estado detalló que el proceso se desarrollaría en cuatro etapas: primero, la votación de la consulta popular; luego, la elección de los asambleístas constituyentes; después, la redacción y aprobación del texto constitucional por parte de la Asamblea Constituyente; y finalmente, el referendo que decidiría su entrada en vigencia.
Aclaró que su rol se limitará a promover el debate ciudadano y a garantizar un proceso transparente. “No voy a escribir yo la Constitución. Lo harán 80 constituyentes si gana la pregunta del 16”, enfatizó.
También adelantó que el nuevo texto mantendría los derechos ambientales y sociales, pero buscaría eliminar las disposiciones que —a su juicio— han generado excesiva burocracia y trabas a la gestión pública. Reiteró que su objetivo es que el país tenga una Constitución que promueva la seguridad, la inversión y la justicia social.
Al referirse al tramo final de la campaña, Noboa aseguró que se mantiene optimista sobre el respaldo ciudadano a las cuatro preguntas del referendo y consulta. Dijo que ha recorrido varias provincias explicando el contenido de las propuestas y que la gente “entiende por qué se pregunta cada tema”.
El presidente sostuvo que la oposición intenta confundir al electorado con información falsa, como la supuesta eliminación de derechos laborales o la instalación de bases militares extranjeras en Galápagos.
Desmintió estas afirmaciones y explicó que las iniciativas en materia de defensa se refieren a cooperación con Estados Unidos, Brasil y organismos internacionales para controlar la pesca ilegal y fortalecer la seguridad fronteriza. “No habrá base militar extranjera en Galápagos”, puntualizó.
En materia de seguridad, Noboa aseguró que su administración ha desarticulado estructuras del narcotráfico y la minería ilegal que movían entre 10 000 y 15 000 millones de dólares al año. Informó que se han cerrado 700 bocaminas en la zona de Buenos Aires y que se incautaron de más de ocho toneladas de cocaína en dos meses.
Respecto a la infraestructura penitenciaria, dijo que la Cárcel del Encuentro —inaugurada este mes en Santa Elena— se encuentra entre 35% y 40% de operación y que en dos semanas alcanzará el 80%.
Anunció además la construcción de un nuevo centro de mediana seguridad con capacidad para 15 000 personas, con el objetivo de reducir el hacinamiento y garantizar condiciones seguras para los servidores penitenciarios.
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