Daniel Noboa objeta ley de rentas petroleras para Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos

Daniel Noboa objetó por completo la ley que asigna rentas petroleras a tres provincias.

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Desde el Estado de la Ciudad del Vaticano, el 25 de abril de 2025, Daniel Noboa notificó a la Asamblea Nacional su decisión de presentar una objeción total al proyecto de “Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por Industrialización de Petróleo en las Provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos”.

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El documento fue remitido a la presidenta de la Asamblea, Rebeca Viviana Veloz Ramírez, para su conocimiento y trámite correspondiente.

La objeción se sustenta en razones fiscales y legales. El Ejecutivo cuestionó la sostenibilidad del proyecto al advertir un impacto en el Presupuesto General del Estado y una interpretación incorrecta del término “industrialización” como “renta”.

El análisis oficial señala que las implicaciones no fueron debidamente evaluadas en términos económicos, técnicos y jurídicos.

Impacto en el presupuesto y sostenibilidad fiscal

El proyecto plantea asignar un dólar por cada barril de petróleo industrializado en esas provincias, beneficio que recaería únicamente en sus Gobiernos Autónomos Descentralizados. Desde el Ejecutivo se advirtió que esta medida comprometería recursos estatales sin un sustento técnico ni un análisis claro de sostenibilidad.

A diferencia de otros mecanismos de participación de rentas, esta iniciativa no considera la afectación al Presupuesto General del Estado.

De acuerdo con el análisis remitido, se requiere que cualquier disposición que implique transferencias directas de fondos esté basada en estudios de impacto debidamente elaborados.

Observaciones sobre el marco constitucional

La Presidencia recordó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben generar sus propios recursos financieros y participar de las rentas estatales siguiendo principios constitucionales.

El argumento presidencial citó los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución que regulan la distribución de recursos y garantizan que los traspasos se efectúen de manera predecible, directa y oportuna.

El Ejecutivo insistió en que el proyecto desconoce estos principios al pretender establecer beneficios exclusivos sin respetar los parámetros de equidad, subsidiariedad y solidaridad.

Además, subrayó que la distribución de recursos entre los gobiernos locales debe basarse en criterios como el tamaño poblacional y las necesidades básicas insatisfechas.