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El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley con el carácter de urgente en materia económica. La iniciativa, llamada: “Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales”, busca establecer un marco jurídico para prevenir, detectar y controlar movimientos financieros que, según el documento, pueden afectar la estabilidad económica y fiscal del país.
El proyecto está dirigido principalmente a personas jurídicas y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo fundaciones, corporaciones, ONG y organizaciones comunitarias, nacionales o extranjeras que operen en Ecuador.
Estas deberán cumplir nuevos estándares de transparencia financiera, rendición de cuentas y cumplimiento tributario, con énfasis en la gestión ética, la debida diligencia y el conocimiento de sus donantes y beneficiarios.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será la entidad encargada de vigilar, auditar, intervenir y supervisar a estas organizaciones. Entre las infracciones sancionables constan el uso indebido de fondos, incumplimiento de normas contables y la obstaculización de la labor de control.
La ley obliga a las organizaciones a implementar sistemas de integridad institucional, bajo parámetros que se establecerán en el reglamento. Además, deben publicar información clave como estados financieros auditados, fuentes de financiamiento, proyectos ejecutados y declaraciones de intereses de sus directivos.
Todas las entidades alcanzadas por la ley deberán registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) para operar legalmente. Aquellas que ya estén activas tendrán un plazo de 90 días para completar este registro, bajo riesgo de suspensión o revocatoria de su personería jurídica.
Además, la propuesta reforma el régimen de distribución de dividendos. Las sociedades deberán pagar un impuesto del 12% sobre el monto distribuido en el mismo ejercicio fiscal en que se apruebe la distribución. El objetivo es garantizar la recaudación oportuna y evitar evasión o dilaciones.
En cuanto a la prevención de delitos financieros, se plantean reformas a la Ley de Lavado de Activos.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) podrá ordenar la inmovilización de fondos de forma cautelar por hasta ocho días, con validación judicial posterior. Si se ratifica la medida, los montos serán transferidos a una cuenta estatal hasta que concluya el proceso.
#Noboa busca establecer controles estrictos en el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro
— El Comercio (@elcomerciocom) July 28, 2025
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La identidad de los analistas de la UAFE será reservada y su comparecencia se realizará mediante videoconferencia con distorsión de imagen y voz. Las instituciones del sistema financiero también deberán compartir información en tiempo real con la UAFE.
El proyecto también reforma la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para reforzar los controles a organizaciones sociales. Se introducen causales explícitas para su disolución, como la comisión de actividades ilícitas o el incumplimiento reiterado de normas legales.
También se contempla el control interinstitucional y la revocatoria de autorizaciones a entidades que atienden a grupos vulnerables si incumplen normas de infraestructura o salubridad.