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El presidente Daniel Noboa anunció que, en caso de ganar la segunda vuelta electoral en abril, convocará una Asamblea Constituyente para realizar cambios profundos en la Carta Magna. Noboa argumentó que la actual Constitución otorga beneficios desproporcionados a los delincuentes, lo que impacta negativamente en la seguridad ciudadana.
Su propuesta busca una reforma estructural que, según el Presidente, devuelva el poder y la tranquilidad a la población.
La abogada constitucionalista y docente de la UIDE, Karina Flores, explica que la Constitución establece un procedimiento específico para convocar a una Asamblea Constituyente. Esta solo puede ser convocada mediante consulta popular, la cual puede ser impulsada por el presidente, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o por el 12% del padrón electoral, por iniciativa ciudadana, según el artículo 444 de la Constitución del Ecuador.
La Corte Constitucional debe validar la solicitud y establecer las reglas del proceso.
El referéndum determinaría si los ciudadanos aprueban o rechazan la convocatoria. Si la aceptan, organizarán un proceso electoral para elegir a los asambleístas que redactarán la nueva Constitución. Finalmente, someterán el texto resultante a otra consulta popular antes de que entre en vigencia.
El mismo marco constitucional establece ciertos límites para una Asamblea Constituyente. No podría tener plenos poderes, como ocurrió en 2007, pues la Corte Constitucional restringió su alcance. No tendría capacidad legislativa ni de ejecución de leyes y debería respetar los tratados internacionales y los derechos humanos.
Además, la abogada señala que una Constituyente no es un proceso rápido ni inmediato. Existen tiempos mínimos y requisitos legales que deben cumplirse, lo que impediría que se realice con la celeridad que plantea Noboa.
La Corte Constitucional deberá analizar si la Constituyente es la vía adecuada o si bastarían reformas parciales a la actual Carta Magna.
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— El Comercio (@elcomerciocom) February 25, 2025
El analista político Pablo Rosales advierte que convocar a una Asamblea Constituyente podría generar incertidumbre jurídica y política.
Un proceso de este tipo podría extenderse más de un año, afectando la estabilidad económica y desincentivando inversiones. La falta de certezas sobre el futuro normativo podría influir en la confianza de los actores económicos y sociales.
Por otro lado, Rosales indica que, si bien una Constituyente podría servir para modernizar el marco legal del país, también existe el riesgo de que se convierta en un mecanismo para concentrar poder. Esto podría polarizar a la sociedad y generar conflictos entre distintos sectores políticos.
Según los expertos, no hay un consenso amplio en la sociedad sobre la necesidad de una nueva Constitución. Muchos de los problemas actuales podrían solucionarse con reformas legales dentro del marco constitucional vigente.
Rosales indica que la inseguridad, la corrupción y la crisis económica pueden abordarse mediante modificaciones en la legislación secundaria sin necesidad de un cambio total de la Carta Magna.
Flores respalda este argumento y dice que las reformas podrían impulsarse a través de la Asamblea Nacional o mediante consultas populares para modificaciones específicas. Estas opciones serían más rápidas y menos costosas que un proceso constituyente, que implica elecciones adicionales y consultas sucesivas.
Para Rosales, en el pasado, las Asambleas Constituyentes han sido convocadas en momentos de crisis política y social. En algunos casos, lograron generar estabilidad, mientras que en otros incrementaron la polarización. La Constitución de 2008, por ejemplo, buscó reestructurar el modelo de Estado, pero su implementación genera debates sobre su efectividad.
Históricamente, las Constituyentes han sido utilizadas como herramientas políticas para modificar el equilibrio de poder. Su impacto depende de cómo se diseñe el proceso y qué objetivos se persigan con la nueva carta fundamental. En el contexto actual, la discusión gira en torno a si es necesario un cambio total o si bastarían reformas parciales para atender los problemas urgentes del país.
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