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El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, confirmó este viernes 29 de mayo de 2026 que apelará la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Este fallo lo declaró responsable de una infracción por violencia política de género, lo que resultó en la suspensión de sus derechos de participación política durante seis meses.
Además, se estableció el pago de una multa de 12 050 dólares y la obligación de aprobar un curso sobre sensibilización y prevención de violencia de género.
Tras conocer el fallo, Zamora argumentó -este viernes 29 de mayo de 2026- que la decisión responde a motivaciones políticas y aseguró que su equipo jurídico trabaja en la apelación ante el pleno del TCE.
Según Zamora, mientras se tramite el recurso de apelación, los efectos de la sentencia quedarán suspendidos.
Él insistió en que continuará desarrollando obras municipales y ejecutando proyectos para la capital azuaya.
En medio de esta controversia política y jurídica, el abogado constitucionalista José Chalco Salgado explicó que la sentencia del TCE corresponde a una decisión de primera instancia y puede ser apelada.
Chalco indicó que la suspensión de derechos políticos no opera automáticamente. Para ello, se requiere intervención de otras instancias administrativas competentes.
Chalco publicó en su cuenta de X, que para materializar una sanción como esta se necesita actuar organismos como el Concejo Cantonal o las dependencias de talento humano.
Si no hay ejecución efectiva, la resolución podría permanecer solo en los registros oficiales sin generar consecuencias inmediatas en el ejercicio del cargo público. Puso como precedente el caso del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay.
Pincay fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral con la suspensión de sus derechos políticos por dos años debido a una infracción electoral relacionada con su ausencia a un debate obligatorio durante las elecciones seccionales de 2023.
Sin embargo, continuó ejerciendo funciones como alcalde mientras se desarrollaban controversias sobre la ejecución material de la sanción.
En abril de 2026, el TCE ratificó la vigencia de la suspensión de derechos políticos de Pincay y determinó que la sanción no había sido cumplida materialmente debido a acciones judiciales que impidieron su ejecución efectiva.
El organismo sostuvo que el simple transcurso del tiempo no constituye cumplimiento de una sanción electoral cuando esta no ha sido aplicada en la práctica.
La causa contra Cristian Zamora surgió tras una denuncia presentada por la concejala Diana González. El expediente analizó declaraciones y publicaciones realizadas por el alcalde en enero de 2026, incluyendo expresiones dirigidas a González y comentarios sobre colectivos de mujeres. El Tribunal concluyó que estos hechos constituyeron violencia política de género según la legislación ecuatoriana.
Tras la resolución, González afirmó que el fallo establece un precedente relevante para la participación femenina en la política ecuatoriana. El proceso continuará en instancia de apelación, donde el pleno del TCE deberá decidir si ratifica o modifica la sentencia emitida por el juez Joaquín Viteri.
El resultado será observado atentamente por actores políticos, autoridades locales y especialistas en derecho electoral debido a las implicaciones que podría tener para el futuro político del alcalde cuencano y para la interpretación de las sanciones electorales en Ecuador.
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