El Consejo transitorio también resolvió ampliar el plazo para receptar denuncias de la ciudadanía, en vista del alto número que se ha presentado en el país. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La Superintendencia de Compañías y la Defensoría del Pueblo serán evaluadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Así lo resolvió el pleno del organismo transitorio reunido en Guayaquil este jueves, 12 de abril del 2018.
Esas dos instituciones se suman al Consejo de la Judicatura, Fiscalía del Estado, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Superintendencia de Bancos que ya estaban sometidas a evaluación desde el 4 de abril del 2018.
Este proceso que lleva adelante el Cpccs fue aprobado en consulta popular el 4 de febrero y el organismo tiene la potestad de cesar en sus cargos a los funcionarios si así lo amerita.
El Consejo transitorio también resolvió ampliar el plazo para receptar denuncias de la ciudadanía, en vista del alto número que se ha presentado en el país. Hasta la tarde de este jueves los consejeros tienen previsto seguir recibiendo denuncias presencialmente en Guayaquil, y hasta mañana se pueden presentar por escrito. Así lo indicó la consejera Miriam Félix durante el receso de la sesión que se instaló a las 10:00.
Los consejeros recibieron durante la mañana a grupos sociales, maestros, jubilados, exjueces, exportadores de banano, asociación de héroes y heroinas. Para la tarde estaba prevista la presentación de denuncias de las cámaras de producción de Guayaquil. Hasta ahora la mayoría de denuncias son en contra de la Judicatura. De unos 350 casos, más del 50% corresponde a la Judicatura. Hernán Ulloa y un grupo de exjueces denunció la supuesta injerencia del poder político de la administración de justicia.
En tanto, la Asociación se Exportadores de Banano del Ecuador (Aebe) denunció la nulidad del contrato de delegación de Puerto Bolívar (El Oro) entre el Estado y la empresa turca Yilport.
Según Eduardo Ledesma, director del gremio la concesionaria está cobrando “tarifas criminales” en contra de los exportadores bananeros y afectará a los camaroneros cuando comience el proceso de dragado del puerto.
Señaló que las tarifas por cada caja de banano puesto en barco aumentaron de USD 0,12 a 0,17 y no quieren que sigan subiendo porque está liquidando a los productores y exportadores orenses.
Ledesma pidió al Consejo que se investigue el contrato por USD 750 millones entre Yilport y el Estado.
Juan José Castelló denunció “la apropiación” del Fondo del Magisterio y pidió la destitución de superintendente de Bancos, Mauricio Cruz, por supuesto abuso de poder, falsificación de documentos y violación a varias normas y a la Constitución. Señaló que él funcionario mintió cuando dijo que la auditoría había concluido que el fondo recibió recursos del Estado.
