Ulloa comentó que el Cpccs no solo podría evaluar sino también destituir a los servidores que no han cumplido con su función. Foto: EL COMERCIO
Exjueces del Guayas validaron la decisión del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social (Cpccs) de transición de suspender los concursos para fiscales a nivel nacional. Lo hicieron la mañana de este martes, 10 de abril del 2018, en una rueda de prensa, encabezada por su representante legal Hernán Ulloa Ordoñez.
Ellos calificaron a la decisión como acertada porque se cumple así el mandato expresado en las urnas el 4 de febrero, en el marco de la consulta popular y referendo. “Lo único que requiere el pueblo del Ecuador es liberarnos de la corrupción que existen en las instituciones del Estado”.
Ulloa comentó que el Cpccs no solo podría evaluar sino también destituir a los servidores que no han cumplido con su función.
“En este caso la lucha ha sido contra el Consejo de la Judicatura porque –a más de no velar por la transparencia y la eficacia la Función Judicial- como juristas hemos detectado que posiblemente existan delitos que van de la mano en los concursos mañosos que se han dado y han sido observados por parte de los informes respectivos de Contraloría”.
En esa línea, dijo que la Fiscalía de Guayas también está comprometida. Según Ulloa, Gustavo Jalkh, convocó apresuradamente el concurso para designar 7 500 servidores judiciales. “Esto no es parte de su trabajo”.
El 9 de abril La Fiscalía del Guayas tenía previsto enviar un comunicado al Cpccs. El documento fue respaldado por la Asociación de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público (Afempe) y la Asociación de Empleados, Funcionarios y Agentes Fiscales.
En dicho documento se hacía referencia a un pronunciamiento institucional: la defensa de los concursos mediante el cual llegaron a formar parte del organismo 172 jueces en Guayas. Esto en referencia a los comentarios de Julio César Trujillo, presidente del Cpccs, quien días atrás afirmó que “se acabarán los concursos mañosos”.
Está previsto que e 11 de abril el grupo de exjueces y su defensa presenten varias denuncias sobre irregularidades en la Función Judicial ante el Cpccs. Ese organismo tiene previsto sesionar en Guayaquil ese día.
Ulloa, en la rueda de prensa, también criticó la firma de un contrato de arrendamiento para el funcionamiento de los archivos pasivos, a lo que calificó como despilfarro por parte de la Judicatura.
Agregó que dicho documento de Contraloría (DR1-DEPGY-AE-050-2017) detalla que por alquiler de un galpón se pagó USD 327 345, cuando ese espacio en la ciudad –de acuerdo a su ubicación- el precio variaría entre USD 3 000 y 10 000.