El Gobierno de Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional se hicieron eco este 27 de diciembre del 2022 sobre el futuro del proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, luego del veto presidencial.
La objeción total por inconstitucionalidad y subsidiariamente objeción total por inconveniencia fue notificada a la Asamblea Nacional en un oficio del 23 de diciembre de 2022. El Legislativo deberá remitir esa repuesta a la Corte Constitucional y a esta instancia le compete emitir un dictamen en el plazo de 30 días, desde que recibe el veto.
El Ejecutivo busca evitar que se derogue la reforma tributaria. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley derogatoria el 29 de noviembre pasado. La reforma tributaria está vigente desde el 29 de noviembre del 2021 cuando la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal se publicó en el Registro Oficial. Entró en vigencia por el ministerio de la ley.
El tema del veto fue ocasión para que ambos poderes se acusen mutuamente sobre beneficios y perjuicios que genera la recaudación tributaria.
El Gobierno sostiene, en un comunicado, que con el veto precautela que “cerca de USO 1 000 millones ingresen al Estado para continuar atendiendo a los más pobres, a sueldos de médicos y maestros, entre otras acciones por el bienestar de la ciudadanía”.
El principal argumento que justifica el veto total por inconstitucional es que la Constitución determina que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos.
Por su lado, la Asamblea mencionó en otro comunicado que para aprobar el proyecto derogatorio los legisladores consideraron que en un año de vigencia de la ley no se han evidenciado beneficios para los ciudadanos. Por el contrario, “se han visto afectados al tener que pagar más impuestos. El peso de la crisis económica no debe recaer sobre los ecuatorianos de clase media”.
La Asamblea mantiene su posición de rechazar la ley de reforma tributaria. La ley vigente provoca perjuicios económicos a la clase media y sectores populares, además señala hubo impedimento legal para que la Función Legislativa derogue la ley que calificaron como lesiva.
Posibilidades de dictamen
La Corte Constitucional debe resolver primero si el veto es constitucional o no, para ello tendrá 30 días. Si la Corte declara que es inconstitucional por no haber sido un proyecto enviado por el Ejecutivo, se archiva definitivamente, estima el Gobierno.
Pero si el veto es declarado constitucional, aplica el veto total por inconveniencia, dice el Ejecutivo. Entonces, deberá pasar un año para que la Asamblea pueda votar sobre insistir o no en la derogatoria, requiriendo 92 votos.
El Gobierno de Lasso considera que el proyecto de ley derogatoria una norma inconstitucional pero también absolutamente inconveniente.
Los recursos que genera la Ley de Desarrollo Económico servirán para seguir ejecutando estrategias para garantizar la seguridad de la ciudadanía y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado. También para continuar impulsando el programa Infancia con Futuro y blindar el emprendimiento con créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazo, justifica el Gobierno.
Critica a la Asamblea por boicotear la inversión social, el fomento al emprendimiento y la seguridad al pretender reducir los recursos del Estado con la derogatoria.
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