La Corte Constitucional del Ecuador emitió el dictamen de control sobre el Decreto Ejecutivo 493, en el que el presidente, Daniel Noboa, declaró estado de excepción en varias provincias del país y en centros de privación de la libertad.
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Tras el análisis realizado, la Corte determinó que la declaratoria de estado de excepción es parcialmente constitucional, señalando que no se justificó la aplicación de la medida en ciertos territorios.
El organismo también concluyó que la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para combatir el crimen organizado puede realizarse dentro del régimen ordinario, sin necesidad de recurrir a la declaratoria de excepción.
Asimismo, enfatizó que el uso frecuente de esta figura afecta la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales.
Corte Constitucional dijo que no se configuró el conflicto armado interno de Daniel Noboa
La Corte Constitucional analizó si en el país se configuraba un conflicto armado interno que justificara el estado de excepción. Determinó que no se cumplen los requisitos establecidos en la normativa, ya que la violencia del crimen organizado no alcanza la intensidad necesaria para considerarse un enfrentamiento bélico.
En la misma línea, reiteró que la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no requiere de una declaratoria de excepción, pues el régimen ordinario ya contempla herramientas legales para su actuación.
Esta decisión sigue la línea de dictámenes previos, en los que se ha señalado la importancia de preservar el Estado democrático.
Comisión para el retorno al régimen ordinario
Como parte del dictamen, la Corte ordenó la implementación de un mecanismo técnico para abordar la crisis de violencia sin recurrir a estados de excepción.
Para ello, abrió una fase de seguimiento en la que se evaluará la aplicación de medidas que permitan el tránsito hacia la normalización del régimen constitucional.
Además, dispuso la conformación de una comisión interinstitucional encargada de coordinar, planificar y ejecutar estrategias de seguridad. En ella participarán representantes del Ejecutivo, Legislativo y organismos de control, con el objetivo de generar acciones efectivas para el combate al crimen organizado.
