Correístas dejan Alianza País y pasan a la oposición
Marcela Aguiñaga, Carlos Viteri, Soledad Buendía y Esteban Melo se desafiliaron. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La correlación de fuerzas legislativas quedó expuesta el martes, 16 de enero del 2018, luego del fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
28 de los 74 legisladores electos para el actual periodo por Alianza País (AP) y los movimientos locales aliados, anunciaron su desafiliación de AP.
Así, públicamente, configuraron la oposición al Gobierno, alrededor de una nueva bandera: Revolución Ciudadana.
El TCE había rechazado un recurso presentado por Gabriela Rivadeneira, exsecretaria de Alianza País, y con ello ratificó a la directiva afín al presidente Lenín Moreno.
El expresidente Rafael Correa también se desafilió de la tienda política a la que perteneció durante casi 11 años; y con la que ganó tres elecciones presidenciales. Correa presentó su solicitud para salir del movimiento en la delegación electoral de Los Ríos.
Y pidió a sus seguidores que masivamente se desafilien. En la matriz del Consejo Nacional Electoral (CNE) se informó que hasta el martes por la tarde los pedidos no llegaron a 50.
Los legisladores de Revolución Ciudadana se citaron en los exteriores de la sede de Alianza País en la av. De los Shyris, en el norte de Quito, por la tarde. Decenas de personas los acompañaron.
Se vio a figuras como Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía, Eduardo Zambrano, José Chalá, Hermuy Calle, Carlos Viteri, entre otros. Ellos informaron que el proceso de desafiliación será progresivo y que se hará en cada provincia.
Los asambleístas, luego de dirigirse a las personas que llegaron para apoyarlos, acudieron al edificio del CNE y formalizaron su salida.
Estuvieron junto a ellos otras dignidades como la vicealcaldesa de Quito, Anabelle Hermosa, y la parlamentaria andina, Pamela Aguirre.
En la mañana, en cambio, en las instalaciones de la misma sede del movimiento se registraron actos “vandálicos”, según la dirigencia de Alianza País. Personas que aún no han sido identificadas mancharon con aerosol las paredes de la sede. Escribieron consignas en contra de la consulta popular, del Régimen de Lenín Moreno y de las principales líneas de acción de su gestión.
El “ataque” a los bienes del movimiento será investigado, según Ricardo Zambrano, secretario (encargado) del movimiento.
Además, agregó, se analiza una demanda en contra de las exautoridades para que respondan por el uso “alegre” de los dineros de la organización política.
En la Contraloría se avanza un examen especial y los expedientes de las cuentas están también en manos de la Fiscalía, que actúa de oficio.
La desafiliación era una opción que los integrantes de Revolución Ciudadana ya habían considerado. Los legisladores morenistas esperaban este distanciamiento luego de escuchar a Correa, en varias intervenciones, amenazar con irse del movimiento.
Para la legisladora de AP, Marcia Arregui, sus excompañeros tendrían que mostrar coherencia y dejar también la bancada y renunciar a los cargos directivos en las comisiones permanentes de la Asamblea. “No podemos tener como representantes a quienes no son de Alianza País”.
Pero la reconformación de las comisiones está fuera del debate, según el asambleísta Esteban Melo, quien ya presentó su desafiliación.
Sin embargo, reconoció que buscarán conformar una nueva bancada con reconocimiento legal dentro del Legislativo con el resto de asambleístas que abandonaron el movimiento oficialista.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que se necesitan al menos 13 legisladores para lograrlo. En la misma normativa se advierte que estas se constituirán hasta cinco días después de la instalación en la Asamblea. Esa sesión se dio el 14 de mayo.
Otro de los desafiliados es Juan Lloret. Él puntualizó que la desafiliación no puede ser usada como pretexto para reestructurar las comisiones, ni expulsarlos de las bancadas.
Los legisladores de Revolución Ciudadana están al frente de mesas claves como Régimen Económico, Justicia, Derechos de los Trabajadores, Relaciones Internacionales y Educación.
Lloret se adelantó a decir que tampoco se pueden cambiar las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, porque lo prohíbe la Ley.
Por ahora, el grupo trabajará como una bancada de hecho hasta conseguir personería jurídica en la Asamblea.
En contexto
El capítulo de la pugna sobre el control de la directiva de Alianza País entre el frente que apoya al presidente Lenín Moreno y el que respalda al exmandatario Rafael Correa terminó. El Tribunal Contencioso Electoral dio la razón al primer grupo.
