Al tiempo de que se producían las primeras reacciones internacionales de alarma por el fallo del juez suplente de Guayas, Juan Paredes, en contra de diario El Universo, sus directivos y el ex editor de opinión, Emilio Palacio, el presidente Rafael Correa dijo anoche que la querella que él impulsó no fue por dinero.
Esa fue una de su primeras declaraciones emitidas la noche de ayer en Guayaquil, tras conocerse la sentencia de Paredes, quien ordenó una indemnización de USD 40 millones (30 millones por parte de los acusados y 10 millones adicionales por parte de la CA El Universo) y tres años de prisión para Palacio, Carlos, Nicolás y César Pérez.
Correa dijo luego que él no cogerá “ni 20 centavos” de ese dinero, una vez que se agote el juicio en todas sus etapas.
“El reino del terror que instauró la prensa históricamente por fin está acabando”, manifestó Correa, quien adicionalmente, en Quito, dio una rueda de prensa en la Base Aérea Mariscal Sucre, pasadas las 21:30, minutos después de haber retornado de Los Ríos.
Correa expresó que con esta sentencia, está dejando uno de los mayores legados para “nuestras familias e hijos”.
Ayer mismo, en el extranjero, grupos profesionales de los medios informativos así como organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa reaccionaron con alarma ante la decisión de penalizar a los directivos de El Universo.
Así, un vocero del Council of Hemisphere Affairs (COHA), con sede en Washington, dijo sentirse alarmado y sorprendido por la sentencia en contra de El Universo y sus directivos. “Parecía que la libertad de prensa y el respeto a la Ley se estaba afianzando en Latinoamérica”.
De su lado, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, Gonzalo Marroquín, calificó a ese fallo como “grave zarpazo a los más esenciales principios de la libertad de información”.
Tras solidarizarse con El Universo, Marroquín manifestó que la sentencia “nos confirma una vez más que el Gobierno nacional continúa con su sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente y establecer, por ley o por vía judicial, el patrimonio de la verdad que deben consumir todos los ecuatorianos”.