La Contraloría realizó auditorías a los contratos para la realización de los enlaces sabatinos que se realizaron cada semana, durante el Gobierno de Rafael Correa. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La Contraloría General del Estado (CGE) emitió un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía General del Estado (FGE), este martes 6 de febrero del 2018. El documento se desprende de una auditoría a los contratos para la realización de los enlaces sabatinos que se realizaron cada semana, durante el Gobierno de Rafael Correa.
Desde el 1 de septiembre del 2017, la Contraloría empezó la ejecución del examen especial a los gastos generados por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y los procesos de contratación en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados en diferentes lugares del Ecuador.
El objetivo de la auditoría es determinar la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de los gastos, recursos utilizados y procesos de contratación en la ejecución producción y montaje de las denominadas sabatinas.
El examen analiza los movimientos realizados del 1 de junio de 2013 al 24 mayo de 2017, día en el que terminaron los 10 años del Gobierno anterior. Este martes, el contralor Pablo Celi envió el informe con indicios de responsabilidad penal DNA4-0004-2018 a la Fiscalía para el trámite correspondiente.
El contralor Pablo Celi indicó -según la Contraloría- que la responsabilidad de la Fiscalía es seguir adelante con el proceso que se inicia con este pronunciamiento de la CGE. Además, señaló que se han determinado responsabilidades para varios funcionarios del Régimen anterior.
La Ley de Contraloría establece el procedimiento en estos casos. El auditor jefe de equipo que interviniere en el examen de auditoría, previo visto bueno del supervisor, debe entregar el informe respectivo al Contralor General o a sus delegados, quienes luego de aprobarlo lo remitirán a la Fiscalía, con la evidencia acumulada, el cual ejercitará la acción penal.
Dichos informes también serán remitidos a las máximas autoridades de las instituciones auditadas, en este caso a la Secom. El Fiscal, de ser procedente, resolverá el inicio de la instrucción fiscal y solicitará al juez las medidas cautelares que considere pertinentes, en defensa de los intereses del Estado.
Los encargados de la logística de los enlaces ciudadanos debían cumplir con 99 requerimientos para su montaje. Desde la mantelería que debía ser aprobada por la Secretaría de Comunicación, la iluminación, hasta la tarima para los artistas. Estos detalles constan en el contrato N° 006-2016 para su montaje operativo, el último suscrito para este tema en la administración pasada. Lo suscribió la Secom el 29 de febrero del 2016 con el representante de la firma adjudicada, por más de USD 1,6 millones.
El compromiso fue realizar 52 sabatinas, pero solo se hicieron siete, previas al terremoto del 16 de abril del 2016. El 14 de mayo de ese año, el Presidente anunció que los enlaces ya no serían financiados por el Estado. El contrato se terminó por mutuo acuerdo y el 4 de junio se comenzó a pagar con aportes de los sectores afines al Régimen.
Según Correa, 11 donantes financiaron el primer enlace sin aportes estatales, entre ellos la Red de Maestros y la Juventud de AP. El 31 de mayo, Patricio Barriga, entonces titular de la Secom, explicó que “el montaje iba a estar cargo de jóvenes voluntarios de AP”. El propio exPrimer Mandatario había informado que cada enlace tenía un costo aproximado de USD 30 000, se hicieron 523 en total.