El camino para la consolidación del Estado-partido, la etapa más primitiva y bárbara de la administración pública, está abierto.
La señal de partida la dio el Gobernador de Morona, cuando envió una carta al presidente Rafael Correa en la que le pedía que separe de sus cargos a aquellos servidores públicos que no se sumaron a la movilización convocada por el caudillo para aplacar la marcha antiminera, que para el evangelio de la revolución ciudadana era golpista.
Había que salvar la democracia y esta gente no se sumó a la cruzada, es el mensaje del Gobernador quien, además, detallaba los nombres de aquellos traidores que no habían querido salvar la revolución de las garras de aquellos golpistas que llegaron a Quito el 22 de marzo.
El mensaje es claro: quienes no comulguen con el caudillo no merecen trabajar para el Estado. Y, ojo, siempre habrá un convencido que los delate para impedir cualquier tipo de impunidad.
Para santificar el mensaje, llegó el aplauso lambiscón del ministro de la Propaganda, Fernando Alvarado, quien en Twitter felicitó al Gobernador por la carta de delación.
Ahora, quien trabaje en el Estado tiene que ser creyente de la prédica revolucionaria y fervoroso practicante. Así se llegará a perfeccionar un Estado administrado bajo lógicas partidistas, es decir lo que ya ocurre y con gran éxito con el imperio mediático del caudillo. Para finalizar, el jueves último llegó la bendición del mismísimo caudillo revolucionario: “El que no esté comprometido sí debe ser separado de su cargo”.