El abogado Julio César Trujillo, presidente del Consejo de participación ciudadana y control social Transitorio. Foto : Archivo EL COMERCIO
El informe de evaluación está listo y este 6 de agosto del 2018 será enviado a los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC). El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio tiene un mes para concluir el proceso.
El contenido de ese documento es reservado. Es el resultado de la investigación realizada por el equipo evaluador, los informes de gestión presentados por los magistrados y las 158 denuncias que planteó la ciudadanía en el Transitorio.
Una vez que los jueces reciban el informe tendrán entre tres y 10 días para presentar sus pruebas de descargo. El plazo lo definirá hoy el Cpccs.
Luego de la presentación de pruebas, el Pleno del Consejo de Participación citará, en un máximo de 10 días, a una audiencia pública para que los jueces presenten sus alegatos orales, cada uno tendrá 30 minutos y luego responderán las preguntas de los consejeros.
Recién en esa diligencia, con base en los argumentos de los jueces, se podrá identificar cuáles son las faltas que los evaluadores encontraron. Y cuál es la recomendación del informe: la continuidad de los funcionarios o la terminación anticipada de sus períodos.
Luego, el Cpccs tendrá cinco días más para analizar el informe del equipo evaluador y los descargos de los magistrados y luego emitir el fallo final, que será susceptible de una impugnación antes de quedar en firme.
El Transitorio tendrá que aplicar ese mismo proceso para otros ocho funcionarios, de cuatro entidades de control -además de los nueve jueces-.
Todas esas evaluaciones se iniciaron pero están pendientes de la presentación del informe (ver tabulado adjunto).
En cambio, en el caso de Suad Manssur, titular de la Superintendencia de Compañías, el proceso está en la etapa de impugnación. Ella fue cesada pero podrá pedir la revisión de esta resolución hasta esta semana, antes de que la destitución sea definitiva.
Hasta ahora, el Cpccs ha cesado a 11 funcionarios en la evaluación. En seis casos se encontró indicios de falta de independencia con el Gobierno anterior y esa fue la causa principal de la destitución. De los 18 funcionarios pendientes de resolución, ocho también fueron servidores del Ejecutivo antes de ser nombrados. Otros tres ceses se registraron, en cambio, por otras causas.
Según el anexo de la pregunta tres de lar consulta popular del pasado 4 de febrero, con la que se dio vida al Cpccs transitorio, esta entidad tiene seis meses para concluir todas las evaluaciones. Este plazo empezó a correr desde la instalación del Consejo, el pasado 6 de marzo. Es decir, que terminará el 6 de septiembre, en un mes contando desde hoy.
Por esto, el cronograma del Transitorio se acelerará desde esta semana. Sesionarán hoy, mañana y el miércoles. Además, hoy los consejeros recibirán una agenda detallada con plazos y fechas para lograr cubrir todas las evaluaciones.
Pablo Dávila y Xavier Zavala, integrantes de la entidad, confían en que se lograra cumplir el mandato. Aseguran que la parte investigativa, que es la más larga del proceso, ha concluido en casi todos los casos y resta únicamente la fase de pruebas y de resolución.
Una vez concluidas las evaluaciones, el Consejo de Participación tendrá un poco más de ocho meses para designar a las autoridades de 15 entidades. Hasta ahora solo se ha nombrado a Íñigo Salvador como procurador del Estado.
Esta semana se concluirá con las impugnaciones para nombrar a los titulares de las superintendencias de Control de Poder del Mercado y de Economía Popular y Solidaria. Los candidatos impugnados son David Sperber y Sofía Hernández, respectivamente.
Además, hoy se conformará a la Comisión Ciudadana que estará a cargo de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Este proceso debe cumplirse en un máximo de 60 días y recibirá postulaciones de los partidos y movimientos políticos.
En contexto
El Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad de encargar los puestos de los funcionarios cesados a cualquier ciudadano. Por ejemplo, si se destituye a los jueces de la Corte Constitucional, se nombrará igual número de magistrados transitorios.