El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) duplicó su aparato burocrático en los últimos tres meses.
Antes del 18 de marzo, día en que se posesionaron los siete consejeros titulares, en este organismo trabajaban 94 funcionarios con nombramiento (no son de libre remoción). Ellos pertenecían a la Secretaría Nacional Anticorrupción y a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción que se fusionaron para integrar el Consejo, según lo establece el art. 30 del Régimen de Transición.
Pero hasta hoy han entrado a trabajar 80 personas más. Ellas significan al Estado un gasto mensual unificado de USD 164 190 en el rubro de salarios.
Este nuevo personal, que gana sueldos de entre USD 500 y USD 4 805, ingresó al Consejo sin ningún concurso de oposición y méritos. De ese total, 58 fueron contratados únicamente con la autorización de la presidenta del organismo, Marcela Miranda.
El art. 42 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación da a la Presidenta de esa institución la atribución de “nombrar a los servidores del Consejo y ejercer las demás acciones propias de la administración de personal (…)”.
Otros cuatro funcionarios fueron seleccionados en el Pleno con base a ternas que presentó Miranda. Los 18 restantes asesoran a los otros seis vocales; por lo tanto, fueron escogidos a discreción de cada uno de ellos.
Cada consejero tiene tres asesores. David Rosero, Andrea Rivera, Mónica Banegas, Luis Pachala, Fernando Cedeño, Patricia Ordeñana y Miranda tienen grado de ministros de Estado (con sueldo de 5 280). No hay ninguna Ley que establezca cuál es el límite de asesores. Sin embargo, ellos optaron por tres.
Otro de los nuevos funcionarios con alto sueldo es el coordinador técnico, de absoluta confianza de Miranda. Es Luis Gutiérrez Enríquez, quien recibe remuneración de viceministro (USD 4 805).
Según registros del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), Gutiérrez tiene una licenciatura en Sociología con especialización en Sociología para el Desarrollo.
La presidenta Miranda reconoce que para hacer los contratos de los funcionarios en el nivel profesional, jerárquico superior y de apoyo, solo analizó las carpetas que le llegaron para cada puesto. “Evalué con base en el perfil que necesitamos”. Las hojas de vida le llegan desde los funcionarios, consejeros…”, explica.
Todo indica que los contratos se decidieron en la Presidencia del Cpccs puesto que ninguno de los seis vocales conoce en detalle sobre estos procesos que se han seguido para firmar los contratos.
Por esta razón, las vocales Mónica Banegas y Andrea Rivera, en la sesión del Pleno de hace una semana, pidieron a Miranda que informara sobre la contratación del personal. Pero ayer la Presidenta aseguró que publicará la información en la página web.
En el organismo, los funcionarios de carrera están inconformes con todo este proceso de contrataciones. La principal razón es que ninguno de ellos ha podido ascender a uno de los cargos directivos que Miranda seleccionó desde que inició sus funciones.
Tampoco se resuelve el proceso de homologación salarial que estaba pendiente desde hace un año, por la fusión de los distintos organismo en este Consejo.
De hecho, fue el ex presidente del Consejo Transitorio quien, según Banegas, dejó ese proceso sin concluir argumentando la transitoriedad del organismo.
Sobre la homologación, Miranda dice que se está trabajando en un plan de desarrollo humano, para potencializar a los empleados y en un manual de funciones para organizar al personal.
Luego se pedirá al Ministerio de Relaciones Laborales que realice el estudio. Para esto no hay plazos. Un funcionario de la institución, quien pidió el anonimato, se quejó de que hay asesores sin título universitario que ganan USD 3 600 cuando un funcionario titulado y con posgrado puede percibir apenas USD 775.