Consejeras del Cpccs piden juicio político contra Christian Cruz
La Vicepresidenta y dos consejeras del Participación Ciudadana dijeron que iniciarán el trámite para un juicio político en contra del presidente del organismo, Christian Cruz, por el uso de carné de discapacidad. Foto: Captura de pantalla
Tres autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aclararon la solicitud del pedido de renuncia a Christian Cruz, aprobada en la sesión 42 del organismo. La vicepresidenta de la entidad, Sofía Almeida, junto a las consejeras María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán ofrecieron una rueda de prensa, este jueves 23 de julio del 2020.
Almeida mencionó que con cinco votos a favor, el Pleno resolvió solicitar la renuncia de Cruz a la Presidencia por su falta de probidad, pero mantendría su condición de consejero. Se consideraron las pruebas presentadas por María Fernanda Rivadeneira, quien acusó al funcionario de presuntamente adulterar documentos para obtener su carné de discapacidad, en el 2009.
Dentro de la resolución, se acordó que esos documentos sean remitidos a la Asamblea, Fiscalía, Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la corrupción del propio Cpccs, que investiga la supuesta red de corrupción en el otorgamiento de carnés de discapacidad.
La Vicepresidenta sostiene que esos archivos probaría que Cruz si se benefició del carné, a través de reducciones de impuestos e incluso obteniendo puntos de acción afirmativa en el proceso para seleccionar a los candidatos al Cpccs.
La consejera Rivadeneira volvió a presentar certificados de la Fundación Vista para Todos en donde se acusa a Cruz de presuntamente actuar “maliciosamente” y “adulterar” el certificado médico con el que obtuvo el carné.
Según la funcionaria, el titular del Cpccs no habría acudido a los llamados efectuados por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) para validar su calificación. También mencionó que el trámite para obtener el carné, en el año 2009, se habría resuelto en un solo día y que existirían irregularidades en la edad que acreditaba Cruz en esa fecha.
La consejera Ibeth Estupiñán rechazó un memorando de la Secretaría del Cpccs, emitido este 23 de julio, que afirma que no se dio paso a la apelación a la Presidencia. Se trata de una figura que consta en el reglamento de sesiones del Pleno, para que otro consejero lidere la sesión, en lugar del Presidente. Es por ello, que Almeida, en su calidad de Vicepresidenta, no podría retomar la sesión 42, que se cortó abruptamente la noche del miércoles, tras la resolución que pidió la renuncia de Cruz.
Por ahora, las tres consejeras no tienen previsto realizar una autoconvocatoria para retomar la Plenaria. Rivadeneira reconoce que la renuncia es un acto “voluntario”, pero Estupiñán menciona que, según el artículo 20 del reglamento de sesiones, las resoluciones del Pleno son de aplicación inmediata.
Las consejeras esperan que una vez que la documentación llegue a la Asamblea, se pueda impulsar un proceso de juicio político en contra de Cruz para que sea separado del cargo. Además, piden que la Fiscalía investigue la presunta adulteración de documentos.
Asimismo, solicitan que el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género actúen frente a una presunta vulneración de derechos y violencia política contra las consejeras.
Durante la sesión plenaria del miércoles Cruz desestimó las acusaciones de presunta adulteración de documentos. Además, aseguró que el 13 de julio pasado solicitó al Ministerio de Salud la recalificación de su carné, que registra 81% de discapacidad visual y auditiva, producto de un “golpe en la cabeza” mientras practicaba artes marciales.
A través de un video de casi cinco minutos de duración, Cruz reveló que en el 2011 se abrió un proceso judicial en su contra, por presunta falsificación. La causa, según la grabación, la impulsó Omar Simon, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que Cruz participó en un concurso para ocupar una función pública. En la filmación se aseguró que la denuncia fue archivada.
Posteriormente, Cruz leyó oficios médicos con los que defendía la legalidad de sus valoraciones, sin exponer los nombres de los galenos. También mostró archivos jurídicos y aseguró que al no encontrar elementos de convicción suficientes, la denuncia de falsificación fue archivada.
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