20 de August de 2011 00:02

Conaie respalda a sindicatos por la renuncia obligatoria

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Los representantes de los servidores públicos, sindicatos y líderes indígenas se reunieron ayer en Cuenca. Su objetivo fue buscar alternativas para impedir la aplicación del Decreto Ejecutivo 813 (renuncias obligatorias en el sector público).

Ese Decreto, que fue expedido el 7 de julio pasado, se centra en la compra anticipada de renuncias de los servidores públicos.

Ayer, en la capital azuaya, estos dirigentes decidieron que en el caso de que la Corte Constitucional no dé paso a la declaratoria de inconstitucionalidad, realizarán una movilización nacional durante la tercera semana de septiembre.

En la sede de la Unión de Educadores de Azuay también elaboraron un manifiesto donde se resaltó el rechazo unánime al decreto 813 y una convocatoria a la unidad de los gremios, sindicatos y servidores públicos.

El presidente de los servidores del Ministerio de Finanzas, Milton Coronel, expuso los problemas que se presentan con el despido intempestivo a través de la compra obligatoria de renuncias. “Antes teníamos el debido proceso, nos podíamos defender. Ahora, por potestad de la autoridad, el obrero puede quedar fuera de la entidad”.

En cambio, el representante de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, Miguel García, indicó que “el Decreto es ilegal” y en caso de no tener una respuesta favorable por parte de la Corte Constitucional acudirán a organismos internacionales.

Ellos analizan la opción de presentar una demanda en la Organización Internacional del Trabajo y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los sindicalistas y servidores públicos sumaron el respaldo de la Conaie. Según su presidente, Humberto Cholango, la unidad de los movimientos sociales es importante en la actualidad. Agregó que su organización se sumará a las medidas que fijen los servidores públicos “porque la aplicación de este Decreto declararía a todo el sector público como de libre remoción”.

A esta reunión también asistió la asambleísta Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Para ella, hay que respaldar a la organización sindical para enfrentar las pretensiones del Gobierno, “de atentar contra el derecho de los trabajadores que se ven nuevamente vulnerados”.

Para esta asambleísta lojana, este Decreto viola la Ley de Servicio Público porque jerárquicamente, a su criterio, un decreto no puede irse contra una Ley y menos sobre la Constitución.

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