La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional comunicó este 22 de marzo del 2023 sobre el hallazgo de minas antipersonales cerca de un paso irregular de migrantes que cruzan de Colombia a Panamá. La información fue revelada por la Procuraduría General de Colombia.
“Instamos a las autoridades ecuatorianas a trabajar con sus pares de Colombia y Panamá para evitar cualquier tipo de tragedia que involucre a nuestros conciudadanos o de otras nacionalidades frente a la denuncia de la Procuraduría”, expresó la Comisión en Twitter. El mensaje se dirige a la Cancillería y al Ministerio del Interior ecuatorianos.
El pedido de la Comisión se basa en un comunicado de la institución colombiana. Durante una visita de verificación en Necoclí, en Antioquía, la “fuerza pública encontró minas antipersonal instaladas muy cerca de una de las rutas que utilizan a diario miles de migrantes para atravesar la selva del Darién hacia Panamá”.
Por esa razón, la Comisión presidida por el legislador Juan Fernando Flores pide a las autoridades ecuatorianas articular acciones con Colombia y Panamá, “a la mayor brevedad posible”.
Insta a “investigar y dar con los responsables de estos hechos; así como, determinar si existen otros territorios en donde se hayan sembrado minas antipersonales en el Tapón del Darién”.
Además, la Comisión espera que se ponga en marcha operativos de búsqueda y desactivación de estos artefactos explosivos improvisados, para evitar tragedias.
El llamado también es para los migrantes, para que eviten exponerse y arriesgar su vida y otros derechos en la Selva del Darién.
Alerta de la Procuraduría de Colombia
Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, conoció la información cuando acompañó el desarrollo del Puesto de Mando Unificado de Migrantes, en Necoclí. Eso ocurrió el 15 de marzo.
Allí se reveló que hubo un patrullaje a inicios de marzo. “Se detectó un explosivo tipo camándula, enterrado en un camino del sector de Polín, zona rural de Acandí, Chocó”. Ese es un paso obligado de una de las rutas que suelen tomar los migrantes, con el fin de cruzar la frontera entre Colombia y Panamá con destino a Estados Unidos, explica la Procuraduría.
La entidad colombiana indica que hay denuncias sobre una nueva modalidad de tráfico ilegal de migrantes por vía marítima. Eso sucede entre el corregimiento de Capurganá, Chocó, y la población panameña de Carreto. La actividad ocurre en horas de la noche, a bordo de lanchas rápidas cuyo tránsito está prohibido por la capitanía de puerto e implica enormes riesgos para los migrantes, señala.
La Procuraduría presume que ese servicio se estaría ofreciendo como una alternativa más fácil y rápida de llegar a Panamá, pero con “altísimos costos, como una especie de servicio élite de tránsito”.
A Colombia le preocupa que el tránsito de migrantes ha aumentado en un 401% entre 2022 y 2023, registrando 50 135 ingresos entre enero y febrero del 2023. Frente al 10 006 que ingresaron en los mismos meses del año pasado.
En Necoclí la situación se hace más compleja, indica la Procuraduría colombiana. Al menos 300 de esos migrantes, entre ellos niños, adultos mayores y madres gestantes, permanecen asentados en las playas. Se quedan hasta completar USD 300 dólares aproximadamente, por persona, que exigen quienes operan el tránsito entre esta población y la frontera con Panamá.
Eso conlleva a que se agudicen situaciones de insalubridad, inseguridad, prostitución infantil, explotación laboral y microtráfico, entre otras. Esas problemáticas han sido denunciadas, pero hasta el momento no son atendidas debidamente por las entidades responsables, según la Procuraduría de Colombia.
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