
El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Christian Zurita y Andrea González. El binomio presidencial del movimiento Construye, lista 25, participó en las elecciones anticipadas de 2023.
La decisión se tomó tras detectarse múltiples inconsistencias en las cuentas de campaña de esa organización política.
Según la Resolución CNE-PRE-2025-0098-RS, aprobada el 16 de octubre de 2025, el CNE concluyó que el informe económico del binomio de Construye no cumplió con varios requisitos legales establecidos en el Código de la Democracia y en el Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral.
Entre las principales observaciones constan la falta de documentación contable, inconsistencias en los listados de contribuyentes.
También: errores en los comprobantes de ingresos y egresos y la ausencia de respaldo sobre el origen de algunos aportes.
El Consejo también determinó que no se reportaron todos los artículos promocionales utilizados durante la campaña, y que no se justificó el uso de los fondos recaudados, lo cual impide verificar el destino real de los recursos.
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El CNE recordó que, conforme a la ley, los responsables del manejo económico de cada campaña deben presentar sus informes 90 días después del sufragio, con la certificación de un contador público autorizado y toda la documentación que respalde los ingresos y egresos.
En este caso, el informe de Construye fue presentado fuera de plazo y con omisiones sustanciales.
El Consejo otorgó al equipo de campaña un plazo adicional de 15 días para subsanar las observaciones, pero, tras revisar las respuestas, ratificó las inconsistencias.
El organismo concluyó que no se pudo comprobar que los recursos recibidos provinieran de fuentes lícitas ni que los gastos declarados coincidieran con los movimientos financieros reales.
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Con base en el artículo 236 del Código de la Democracia, el CNE decidió remitir el caso al Tribunal Contencioso Electoral, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes.
Las infracciones relacionadas con el financiamiento político pueden derivar en multas de 20 a 70 salarios básicos unificados (de9 200 a 32 200 dólares, según el salario vigente) y en la suspensión de derechos políticos por hasta cuatro años.
El informe también dispone que las personas candidatas -en este caso Zurita y González- son solidariamente responsables junto al jefe de campaña y al responsable económico.
El binomio de Christian Zurita y Andrea González fue inscrito por el movimiento Construye tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.
La organización política alcanzó el tercer lugar en los comicios de ese año y participó en un contexto de conmoción nacional.
Hasta el momento, ni Zurita ni González han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. El caso pasa ahora a manos del TCE, que deberá determinar si existió una falta administrativa o una infracción electoral con consecuencias mayores.