Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales del 13 de abril de 2025 con una diferencia de más de 10 puntos frente a la candidata correísta Luisa González. Con este resultado, el actual mandatario iniciará un periodo de cuatro años en el que deberá afrontar simultáneamente cinco urgencias nacionales: seguridad, reactivación económica, desempleo, gobernabilidad y educación.
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La ciudadanía se manifestó sobre estos cinco ejes, en un contexto de recursos limitados y fragmentación institucional. Expertos consultados explican que la capacidad del gobierno para articular consensos y generar respuestas concretas será determinante para su legitimidad y gobernabilidad.
Seguridad: planificación, inteligencia y respuestas integrales
Daniel Pontón, experto en seguridad, sostiene que la política de seguridad debe partir de una priorización clara del tipo de delito, ya que no todo comportamiento catalogado como crimen organizado responde a una misma lógica criminológica.
Según Pontón, el Estado debe distinguir entre narcotráfico, corrupción de alto nivel y bandas territoriales para aplicar estrategias diferenciadas. Asegura que no se puede enfrentar todos los delitos al mismo tiempo, por lo que recomienda priorizar la respuesta frente a las bandas que controlan zonas urbanas y rurales.
Pontón reconoce que la militarización fue necesaria en momentos críticos, como en las cárceles en 2024, pero advierte que esa medida no resulta suficiente si no se articula con una política social sostenida. Explica que muchos jóvenes vinculados a la violencia viven en condiciones de alta vulnerabilidad, lo cual exige una respuesta que combine seguridad con inclusión.
Además, indica que estas zonas requieren servicios básicos y recuperación del tejido urbano para generar entornos más seguros.
Wilson Goyes, experto en manejo de crisis y solución de conflictos, y asesor en relacionamiento institucional con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, plantea que el país necesita una política integral que combine operaciones temporales entre Policía y Fuerzas Armadas, desarrollo local y fortalecimiento institucional.
Según Goyes, se deben controlar puertos, rutas de combustible y zonas estratégicas con tecnología, inteligencia financiera y cooperación internacional. Advierte que el enfoque represivo, sin intervención social, no tendrá sostenibilidad en el tiempo ni legitimidad territorial.
Goyes también destaca la necesidad de planificación estratégica, presupuesto adecuado y fortalecimiento de capacidades técnicas. Para él, el Estado requiere coordinar entre ministerios, generar información, y reforzar el sistema judicial para responder a delitos complejos como la extorsión o minería ilegal.
Política: alianzas, consensos y gobernabilidad compartida
Santiago Carranco, coordinador del IRLAB de la UIDE, advierte que el equilibrio de fuerzas en la Asamblea obliga al Gobierno a construir mayorías mediante alianzas.
La Revolución Ciudadana y el oficialismo mantienen una fuerza casi idéntica, por lo que bloques como Pachakutik y los independientes tienen un rol clave como “voto bisagra”. Carranco sostiene que estos sectores definirán votaciones trascendentales y permitirán evitar el bloqueo legislativo si se atienden sus demandas.
Carranco señala que el Ejecutivo deberá establecer acuerdos bipartidistas desde el inicio, priorizando el diálogo y la inclusión de sectores sociales, indígenas y ambientales. Agrega que la transparencia en la formulación de políticas es esencial para reducir la polarización y construir legitimidad.
También resalta que la agenda legislativa deberá responder a temas urgentes como la seguridad, sin generar enfrentamientos innecesarios.
En un escenario de fragmentación, Carranco explica que la gobernabilidad se construye con coaliciones amplias y flexibles. Estas alianzas permiten avanzar en reformas sin recurrir a mecanismos como la consulta popular o la muerte cruzada.
El experto subraya que una gestión sin estructura partidaria sólida en territorio podría enfrentar serios riesgos de desgaste institucional y conflictos entre funciones del Estado.
Finalmente, Carranco afirma que el Ejecutivo puede construir legitimidad si impulsa una agenda mínima común.
Para ello, los actores políticos deben respetar la ley, honrar compromisos y reconocer la pluralidad del país. Señala que Ecuador necesita una política madura, que se base en coincidencias y evite confrontaciones estériles que debiliten aún más la institucionalidad.
Economía: presión fiscal, deuda y entorno poco atractivo para invertir
Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, sostiene que el país requiere una reforma integral de las finanzas públicas. Explica que esta reforma debe enfocarse en la reducción de gastos no productivos y en la simplificación del sistema tributario.
El experto considera necesario eliminar exoneraciones y establecer tasas más bajas para ampliar la base tributaria sin afectar a los sectores más vulnerables.
Paredes advierte que si el Estado logra equilibrar sus finanzas, ya no necesitará nueva deuda para cubrir déficits. Señala que los créditos se usarían únicamente para pagar obligaciones anteriores, lo que permitiría estabilizar la deuda en términos absolutos y reducirla como porcentaje del PIB. Insiste en que ese objetivo solo será posible con una transformación profunda del gasto y del sistema impositivo.
Sobre la atracción de inversión, Paredes rechaza la idea de priorizar sectores específicos. Indica que se deben crear condiciones favorables para todas las actividades productivas mediante reformas estructurales. Entre ellas, menciona el rediseño del Estado, cambios en el sistema de jubilación y flexibilización laboral, lo que, en su criterio, bajaría el riesgo y aumentaría la contratación.
Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, analiza el comportamiento reciente del déficit y concluye que su reducción en 2025 responde a factores no sostenibles. Señala que los ingresos temporales y la subejecución del gasto no pueden repetirse como estrategia permanente.
Asegura que el presupuesto contiene 5 000 millones de dólares sin fuente de financiamiento identificada, lo que podría agravar los atrasos y forzar más deuda.
Salvador sugiere revisar las exoneraciones tributarias, que en 2022 representaron el 33,9% de la recaudación. Propone aplicar un IVA diferenciado que reduzca la regresividad del sistema y aumentar los ingresos con medidas contra la evasión fiscal.
Según sus estimaciones, si se eliminan brechas de recaudación y se cobran las deudas firmes, el ingreso potencial alcanzaría los 7 500 millones de dólares.
También advierte sobre los riesgos de mantener una política de endeudamiento como vía principal para financiar el presupuesto. Explica que el 72% de las necesidades de financiamiento de 2025 corresponde a deuda externa. Plantea que se debe impulsar una reactivación económica que permita invertir sin recurrir a más préstamos, priorizando obra pública, mantenimiento e infraestructura.
Finalmente, Salvador señala que los sectores estratégicos para generar empleo son aquellos con mayor valor agregado bruto. Plantea que se deben fortalecer encadenamientos productivos, apoyar a emprendimientos y fomentar la asociatividad. Considera clave implementar fondos de riesgo, capital semilla y asistencia técnica para que los nuevos actores económicos accedan a mercados nacionales e internacionales.
Mariana Rivera, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que para mejorar la calidad educativa en zonas rurales se debe reforzar la educación intercultural bilingüe.
Según Rivera, este enfoque permite formar docentes con pertinencia cultural y lingüística, lo cual impacta directamente en el aprendizaje. También explica que las metodologías activas y contextualizadas permiten a los estudiantes construir conocimiento útil para sus comunidades.
Rivera plantea que se deben adaptar calendarios escolares y modelos educativos a la realidad de cada comunidad. La flexibilidad metodológica, combinada con formación técnica, científica y cultural, fortalece la relación entre educación y desarrollo local.
Indica que este tipo de educación puede convertirse en una fuente de empleo y cohesión territorial si los docentes logran integrar innovación con conocimiento local.
Para reducir las brechas de aprendizaje, Rivera propone un enfoque situado en la capacitación docente. Afirma que primero se necesita una formación inicial centralizada, seguida de un acompañamiento permanente en territorio.
También destaca el uso del modelo DUA (Desarrollo Universal de Aprendizaje), que permite adaptar el proceso pedagógico al diagnóstico individual del estudiante, desde sus necesidades hasta sus metas de aprendizaje.
Finalmente, Rivera sugiere un modelo de gobernanza educativa integral. Este esquema incluye circuitos interculturales, consejos distritales mixtos y mesas regionales de diálogo.
Sostiene que esta articulación territorial entre el Ministerio de Educación, gobiernos locales y comunidades educativas es indispensable para alinear los objetivos nacionales con los planes de desarrollo local, asegurando una implementación sostenible y participativa.
Desempleo, uno de los retos a mejorar de Daniel Noboa
El mercado laboral ecuatoriano no mostró mejoras durante 2024, según cifras del INEC. La tasa de empleo adecuado fue de 33,7% en noviembre, por debajo de los niveles registrados en los dos años anteriores. Esta categoría agrupa a quienes trabajan al menos 40 horas semanales y ganan un salario básico.
El desempleo se ubicó en 3,7% en noviembre de 2024, levemente por encima del 3,5% registrado un año antes. En dos meses del año, esta tasa llegó o superó el 4%, aunque el INEC no considera estos cambios como significativos. Además, el subempleo aumentó a 22,7%, frente al 21% de noviembre de 2023.
