El proyecto que la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, presentó ayer a sus colegas de Alianza País tiene varios cambios del documento entregado la semana pasada. Pero se mantienen temas polémicos como la conformación del Consejo de Comunicación y las multas económicas a los medios Por ejemplo, se eliminó la posibilidad de que un medio de comunicación sea suspendido por el Consejo de Comunicación. Ahora, el Defensor del Pueblo podrá impedir provisionalmente la difusión de un programa o mensaje que sea de pornografía infantil, intolerancia religiosa o política, incitación directa a la violencia, propaganda de guerra y apología del odio, genocidio y etnocidio, y publicidad de alcohol, cigarrillos o de estupefacientes. También se modificó la propuesta para que una radio o una estación de TV tengan un espectro de difusión del 35% del territorio nacional. Sin embargo, aún se desconoce el nuevo porcentaje sobre este punto. Además, se eliminó el plazo de 24 horas que se le daba a un medio de comunicación para responder a los reclamos por réplica, rectificaciones y aclaraciones por la información emitida. Adicionalmente, no se incluyó la propuesta del asambleísta Mauro Andino para reformar el Código Penal. En ese planteamiento se pretendía que un medio de comunicación sea clausurado cuando se comprobara que atentó contra la democracia. En el borrador se mantiene la idea que dos representantes del Ejecutivo sean miembros del Consejo de Comunicación. Este organismo podrá administrar de las políticas públicas y sancionar para los medios de prensa. En el documento se señala que ellos serán dos personas postuladas por el Presidente de la República, una postulada por las facultades de comunicación del país, otra por los consejos de igualdad y tres de la ciudadanía, quienes serán escogidas por el Consejo de Participación Ciudadana. También se insiste en que las multas para los medios sean de hasta el 20% de la facturación de los tres últimos meses.