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La Atpdea peligra; no por Assange

Infografía con el editorial digital del Washington Post. Fuente: www.washingtonpost.com / EL COMERCIO

Infografía con el editorial digital del Washington Post. Fuente: www.washingtonpost.com / EL COMERCIO

Una posible suspensión de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea), antes de julio del 2013 (fecha de su vencimiento), como represalia de EE.UU. por el otorgamiento del asilo a Julián Assange, no es algo que pueda realmente concretarse, según representantes del sector privado del país.

El 20 de agosto, el Washington Post, en su editorial ‘Ecuador le apuesta al fundador de Wikileaks’, publicó que el proteger al hacker puede traer “consecuencias económicas desastrozas”.

“EE.UU., al que Correa tanto desprecia, permite que Ecuador exporte bienes libres de impuestos, sustenta cerca de 400 000 empleos y adquiere un tercio de las ventas de Ecuador al exterior (...). El Congreso podrá decidir disminuir este acceso comercial privilegiado a comienzos del año que viene”, dice el editorial.

Para Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, jurídicamente es posible que se aplique la medida, pero actualmente EE.UU. está concentrado en temas internos, particularmente el electoral.

Además, el tema no asusta del todo al sector exportador porque tanto ellos como el mismo Gobierno reconocieron en junio las reducidas posibilidades de la extensión de las preferencias en el 2013, por ser el único beneficiario de la normativa comercial.

Lo que sí preocuparía es un retiro inesperado que, según una fuente vinculada a temas con EE.UU. que prefirió la reserva, sí podría darse en un escenario político complejo. Las cláusulas de la Atpdea contemplan que el Ejecutivo estadounidense podría retirar las preferencias. Eso se aplicó a Bolivia en el 2008.

La norma establece que si no se cumplen los criterios de elegibilidad, como por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, es posible el retiro de las preferencias. Este último argumento, precisamente, se aplicó en el caso de Bolivia.

A Ecuador no solo le tocaría enfrentar el hecho de que el Gobierno de EE.UU. esgrima un incumplimiento de Ecuador, sino también las presiones de empresas estadounidenses que piden no extender las preferencias.

En ese sentido la embajadora de Ecuador en Washington, Nathalie Cely, a propósito del editorial del Post, dijo que las desavenencias entre Estados son utilizadas por grandes intereses corporativos que buscan interrumpir las relaciones comerciales bilaterales. Chevron es una de las firmas que tendrían ese objetivo.

Su contraparte, la Embajada de EE.UU. en Quito, dijo que no tienen comentarios sobre el tema.

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