La asambleísta nacional electa por la Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, rechazó públicamente la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó la suspensión de sus derechos políticos por tres años por incurrir en violencia política de género contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), el jueves 1 de mayo.
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TCE confirmó la sentencia y las sanciones contra asambleísta electa Priscila Schettini
El 1 de mayo de 2025, el TCE negó el recurso de apelación presentado por Schettini y Porras, y confirmó la sentencia de primera instancia emitida en junio de 2024. En esa resolución, se estableció que ambas incurrieron en actos que constituyen violencia política de género, de acuerdo con los numerales 1 y 7 del artículo 280 del Código de la Democracia.
Entre los actos señalados figuran publicaciones con los hashtags #Ladyimpericia y #Ladyimpericias, considerados como parte de una campaña de desprestigio basada en estereotipos de género que habrían afectado la imagen pública de la fiscal Diana Salazar.
Multas y pérdida de derechos políticos
Como parte de la sanción, el TCE ordenó que Priscila Schettini pierda sus derechos políticos durante tres años y pague una multa de 22 500 dólares. Angélica Porras, en cambio, deberá pagar 13 500 dólares y enfrentar una suspensión de dos años. Ambas multas deberán cancelarse en un plazo máximo de seis meses desde que la sentencia quede en firme.
Además, el Tribunal dispuso que eliminen de sus redes sociales todas las publicaciones que incluyan menciones a la cuenta de la fiscal Salazar o que utilicen los hashtags señalados.
Schettini rechaza fallo del TCE y denuncia persecución política
En su publicación, Schettini calificó de “ilegal” la decisión del TCE y aseguró que su objetivo es impedirle ocupar su curul en la Asamblea Nacional, ganada en las urnas. “Nos quieren sentenciar a Angélica Porras y a mí por violencia política de género, pero la verdad es que somos las únicas que denunciamos a la fiscal Diana Salazar por plagio y otras irregularidades”, señaló.
Según su versión, las acusaciones en su contra responden a una supuesta represalia por haber cuestionado la tesis de titulación de la Fiscal General. En ese contexto, citó pronunciamientos de juristas internacionales como el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, quien calificó el caso como uno de “reiterados plagios”, y del académico brasileño Willis Guerra, que también señaló que el documento académico de Salazar constituye un “verdadero plagio”.
Schettini mencionó, además, que organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU estarían al tanto del caso. “La curul no es mía, es de miles de ecuatorianos que creen en la lucha por la verdad y la justicia”, afirmó. Y concluyó: “Si ratifican esa sentencia, quedará como prueba de persecución política. Esto no nos callará”.
