Asambleístas como Cristóbal Lloret (RC) y Raúl Tello (Independiente) rechazaron que el Presidente de la Legislatura, César Litardo (AP), y el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) aplazaran por 15 días la calificación de cinco pedidos de juicio político contra el ministro de Finanzas. Foto: Twitter / Asamblea Nacional
La propuesta de reestructurar a la Comisión de Fiscalización dividió a las bancadas de Alianza País (AP), el Bloque de Integración Nacional (BADI) y Creo. Así se evidenció en el Pleno, tras cuatro horas de debate, este miércoles 9 de septiembre del 2020.
El tratamiento de esta propuesta hizo que no hubiera eco del pedido realizado por el presidente de la República, Lenín Moreno, para que la Asamblea respaldara la gestión económica frente a los organismos internacionales.
Asambleístas como Cristóbal Lloret (RC) y Raúl Tello (Independiente) rechazaron que el Presidente de la Legislatura, César Litardo (AP), y el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) aplazaran por 15 días la calificación de cinco pedidos de juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez.
Tello calificó de “pretexto inútil” que la resolución se postergara por la renegociación de la deuda externa. “No importa lo que hizo, lo que importa es lo que dejó de hacer”, sentenció y consideró que el CAL también debe ser reorganizado por no acatar las disposiciones del Pleno.
De esa forma, la reunión del Pleno se centró prácticamente en la reorganización de la Comisión de Fiscalización. Desde AP, los asambleístas Alberto Arias y José Serrano presentaron mociones contrapuestas -el primero en contra de la reestructuración y el otro a favor- que no consiguieron los 70 votos para ser aprobadas.
Otra propuesta fue presentada por Héctor Yépez (exCreo). En medio de la división entre la mayoría parlamentaria, pudo ser aprobada con el respaldo del PSC y el correísmo, pero el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), aplazó para este jueves, a las 11:00, la votación.
“En la moción presentada por el asambleísta Yépez hay varias bancadas que no están dentro de la reestructuración de la Comisión y, asimismo, he recibido llamadas de varios asambleístas que no están de acuerdo con participar en esta moción”, adujo Litardo.
El proyecto de Yépez contempla que la nueva Comisión esté integrada por dos asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), dos de la Revolución Ciudadana (RC), dos de Creo, dos de Alianza País (AP) y Roberto Gómez (exCreo).
Se trata de una de las comisiones más importantes de la Asamblea, y se encarga de sustanciar los pedidos de juicio político. De sus 13 integrantes, dos renunciaron (Eliseo Azuero y Daniel Mendoza) y son procesados por supuesta delincuencia organizada, mientras que otros cinco fueron aludidos en supuestos repartos.
Legalidad
Antes de iniciar el debate, del que participaron 26 legisladores de todas las bancadas, Litardo dispuso al prosecretario, Javier Rubio, que diera lectura a una consulta al procurador General del Estado, Íñigo Salvador.
En el documento, Salvador señaló que el Parlamento no cuenta con una base legal que permita reestructurar a sus comisiones especializadas permanentes, que no sea al iniciar o a mitad de su periodo.
De inmediato, Alberto Arias (AP), uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, mocionó que el Pleno acogiera el pronunciamiento con el carácter de vinculante y de cumplimiento obligatorio.
Sin embargo, obtuvo 48 votos a favor, 74 en contra, 1 blanco y 9 abstenciones, y no fue aprobada, pues se necesitaba de una mayoría absoluta.
Alberto Zambrano, otro de los integrantes de la bancada de AP, recordó que cuando Gabriela Rivadeneira (exAP) estaba en la Presidencia también se requirió un pronunciamiento del Procurador por otro tema.
Pero esta consulta también le valió críticas a Litardo, aunque él manifestó que respetará la decisión del Pleno. Y también derivó en advertencias de juicio político contra el Procurador por parte de Fernando Flores (Creo) y César Rohón (PSC).
“Los asambleístas estamos en capacidad institucional, además, de poder resolver estas cosas, no el señor Procurador y me voy a reservar el derecho a iniciar un proceso de juicio político contra el Procurador por arrogarse funciones que no le competen”, dijo Flores.
Tanto Flores como Rohón argumentaron que el Pleno es el máximo órgano de toma de decisiones. Pero Fernando Callejas (Creo) llamó a los legisladores a respetar la ley y a no ser “arrogantes, prepotentes y vanidosos”.
El coordinador de Creo, Luis Pachala, advirtió al Pleno para no incurrir en ilegalidades que podrían restar validez a las decisiones de la Comisión. “Creo que por asalto se quieren tomar la Comisión quién sabe por qué intereses oscuros”, acotó el coordinador del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel.
Otra moción
La segunda moción fue presentada por José Serrano, del bloque de Ap-aliados y tuvo el respaldo de Elizabeth Cabezas. “La reestructuración es un gesto importante de madurez política”, dijo Cabezas.
Cuando fue a votación, de entre 132 legisladores presentes, la moción de Serrano obtuvo 29 votos a favor, 65 en contra, 1 en blanco y 37 abstenciones.
El texto de Serrano tuvo tres artículos. En su parte fundamental para que la reestructuración de la Comisión “sea representativa de todas las bancadas y fuerzas políticas en la Asamblea Nacional”. Y que los nombres de sus nuevos integrantes se debían definir en una próxima sesión.
Postura de la Comisión
La presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP), y otros de sus integrantes como Fausto Terán (AP), Àngel Gende (BIN), defendieron el trabajo de esta mesa.
Cedeño detalló que desde 2019, cuando fue conformada, hasta ahora ha sesionado por 141 ocasiones, ha tramitado seis juicios políticos, 26 procesos de fiscalización, y ha dado seguimiento a más de 50 denuncias ciudadanas.
De los juicios políticos, los que se siguieron contra los exministros de Salud, Verónica Espinosa; de Cultura, Raúl Pérez Torres, o cuatro integrantes del Consejo de Participación, fueron al Pleno para la censura.
Pinuccia Colamarco, otra de las integrantes de la Comisión, y quien asumió el curul tras la renuncia de Daniel Mendoza, excoordinador del bloque de AP-aliados, sostuvo que está dispuesta a renunciar a la Comisión si Flores deja la mesa de Relaciones Internacionales, “hasta que sus procesos judiciales sean aclarados”.
Colamarco llamó a los legisladores a no ser “doble cara” y adujo que votó en contra de que el pedido de juicio político contra Diana Atamaint, presidenta del CNE, porque era “un copia y pega” de otro proceso.
“Qué culpa tienen los asambleístas cuando los interpelantes no dan todos los elementos del caso”, acotó Terán, en alusión a dos pedidos de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que terminaron en el archivo.
Además, Terán emplazó a Yépez a que presentará pruebas sobre supuestos repartos para evitar los procesos de control político. “Es infame ponernos en un mismo saco a todos los asambleístas”.