Asamblea Nacional aprueba la ley 70/30 que fija el gasto de los gobiernos Seccionales de Ecuador

La Asamblea Nacional del Ecuador debatió en Samborondón sobre el proyecto de ley 70/30.

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La Asamblea Nacional sesionó este viernes 20 de febrero de 2026 en Samborondón para resolver el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), conocida como ley 70/30 y calificada como urgente en materia económica.

Luego de alrededor de dos horas de debate, con 150 asambleístas presentes, el proyecto se aprobó con 77 votos a favor, 71 en contra y dos abstenciones.

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Debate del proyecto de ley 70/30 en la Asamblea Nacional

Con 150 legisladores presentes se instaló la sesión número 72 del Pleno en la Universidad Ecotec, en Samborondón. El informe para segundo debate recibió seis votos a favor en la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el 17 de febrero de 2026. La bancada de la Revolución Ciudadana presentó un informe de minoría y advirtió posibles vicios de inconstitucionalidad.

El proyecto ingresó el 27 de enero de 2026 por iniciativa del presidente Daniel Noboa y el Consejo de Administración Legislativa lo calificó el 1 de febrero como urgente en materia económica. La Constitución establece que la Asamblea debe aprobar, modificar o negar este tipo de iniciativas en un plazo máximo de 30 días.

La propuesta plantea que los gobiernos autónomos descentralizados destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión en obra pública, infraestructura, mantenimiento y servicios básicos, y el 30 % a gasto corriente.

Argumentos técnicos del informe aprobado por la Comisión

El informe sostiene que existe un desequilibrio estructural en el manejo de las finanzas de los GAD. Según el documento, en 2024 la inversión en obras y servicios básicos representó menos del 39 % del presupuesto total de los gobiernos locales. Además, señala que entre 2015 y 2023 las tasas de ejecución en obra pública oscilaron entre el 35,42 % y el 53,55 %.

El texto también menciona que el Presupuesto General del Estado 2026 enfrenta una necesidad de financiamiento superior a 16 000 millones de dólares, lo que, según la Comisión, exige disciplina fiscal y priorización del gasto.

El informe argumenta que la regla 70/30 busca corregir la rigidez del gasto corriente y garantizar que cada dólar transferido a los GAD se traduzca en agua potable, saneamiento, vialidad e infraestructura básica. Sostiene que la medida no elimina la autonomía, sino que la orienta hacia resultados verificables.

Posturas a favor del proyecto

La ponente, Valentina Centeno (ADN), afirmó que la reforma fortalece una norma vigente desde 2011 y promueve el uso efectivo del presupuesto. Señaló que más de cuatro millones de personas no tienen acceso a agua potable y que 12 millones reciben agua de baja calidad.

Centeno cuestionó que muchos municipios destinan el 70 % de su presupuesto a gasto corriente y defendió que las autoridades locales deben priorizar necesidades básicas como el agua.

El legislador Sergio Peña (IND) sostuvo que el proyecto busca ordenar el gasto local y mencionó montos destinados a fiestas y adquisiciones en distintos municipios del país.

También intervino Lucía Pozo (ADN), quien aseguró que el proyecto se socializó con actores de distintos territorios. Sostuvo que, si el rechazo fuera tan amplio como señalan sectores opositores, las calles de Guayaquil no habrían sido suficientes para recibir a delegaciones provenientes de los 222 cantones del país.

Críticas y advertencias de la oposición

Diego Salas (RC) expresó su rechazo y advirtió que la reforma puede afectar el funcionamiento de los servicios básicos. Sostuvo que el proyecto no mide calidad ni resultados y alertó que una reducción de transferencias impacta el mantenimiento vial y programas sociales.

Liliana Durán (RC) afirmó que los gobiernos locales implementaron programas sociales dirigidos a jóvenes y mujeres que impulsaron procesos de desarrollo y advirtió que la propuesta pone en riesgo esas iniciativas.

Carmen Tiupul (IND) señaló que la reforma no responde a una crisis inmediata y que la modificación del artículo 192 del Cootad afecta la autonomía política y financiera de los GAD garantizada en la Constitución. Mariana Yumbay, de Pachakutik, ratificó la oposición de su bloque.

Tras el debate, el Pleno deberá votar el informe para segundo debate y definir el futuro de la iniciativa urgente en materia económica.