Asamblea suspendió el segundo debate de la Ley de Ordenamiento Territorial
El jueves 12 de mayo del 2016 continuarán las intervenciones y se realizará la votación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Foto: Cortesía Asamblea Nacional
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, suspendió la tarde del martes 10 de mayo del 2016, el segundo debate de la Ley de Ordenamiento Territorial. El jueves continuarán las intervenciones y se realizará la votación del articulado, a partir de las 08:20.
Este proyecto tomó protagonismo después del terremoto de 7.8 grados del 16 de abril del 2016, debido a que, entre otras cosas regula temas relacionados con las normas técnicas de construcción. Por eso se convirtió una prioridad aprobarlo a la brevedad de lo posible. Sin embargo, el proponente de la ley, Richard Calderón, del movimiento oficialista Alianza País, dijo que esta fue una coincidencia ya que la norma estaba en trámite y se trató por primera vez en el Pleno de la Asamblea en mayo del 2015.
Calderón, quien preside la Comisión de Gobiernos Autónomos, y es el proponente de la Ley en el Pleno, dijo que la normativa no atenta contra la autonomía de los municipios. Se refirió al artículo 5 del Código de Ordenamiento Territorial y Descentralización (Cootad) que indica que la autonomía que argumentan los GADS no impide el control de organismos nacionales, como la Superintendencia que se plantea en este nuevo proyecto.
Calderón dijo que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, otro organismo que está en la normativa, estará integrado por tres representantes: uno del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), otro de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el tercero provendrá de los municipios. Será designado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Este tendrá a su cargo la emisión de regulaciones nacionales sobre el uso y gestión del suelo. Estas serán de carácter obligatorio y su aplicación correrá por cuenta de los gobiernos cantonales.
Tendrán parámetros de clasificación del suelo y usos, estándares y normativas urbanísticas. Estas deberán establecer condiciones mínimas para asegurar los derechos a la vida, a la integridad física, a una vivienda adecuada, entre otros.
Los asambleístas de oposición critican estos nuevos organismos porque consideran que interfieren con las atribuciones que tienen a su cargo los municipios y además porque incrementará la burocracia. Este último punto está en discusión en diferentes esferas, puesto que se ha pedido al Gobierno eliminar ciertos organismos para ahorrar dinero que puede ser invertido en la reconstrucción tras el terremoto de abril pasado.
Daniela Chacón, vicealcaldesa de Quito, también cree que se creará mucha burocracia para controlar todas las ciudades. Ella está en contra de esta normativa porque las alcaldías tendrían que pedir permiso al Consejo para ejecutar obras. Caso contrario serían sancionadas.
El oficialismo defiende su propuesta bajo el argumento de que sería mucho más costoso reubicar poblaciones enteras que se ubican en zonas de riesgo o que construyen sus viviendas de manera antitécnica e insegura que crear instituciones que lo eviten.
