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El Pleno de la Asamblea aprobó dos resoluciones relacionadas con el paro nacional, la tarde y la noche de este miércoles 1 de octubre de 2025; la medida de hecho, convocada por la Conaie, va en su décimo día.
El Pleno de la Asamblea aprobó dos resoluciones planteadas por asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) relacionadas con los efectos del paro.
La primera resolución fue propuesta por Fernando Jaramillo y la segunda por Nathaly Morillo.
El Pleno de la Asamblea aprobó la moción presentada por el legislador de la provincia de Imbabura, Fernando Jaramillo (ADN), con 76 votos afirmativos.
En el texto, se rechazan “los actos de violencia y los daños ocasionados contra bienes públicos y privados”, al constituir un grave atentado contra la paz social, la convivencia democrática y la seguridad ciudadana.
También, las acciones de ataque perpetradas contra la red de distribución de agua potable ubicada bajo el puente de Rumipamba, en la parroquia La Esperanza, cantón Ibarra, Imbabura.
Esto constituye una grave afectación al derecho humano al agua, a la seguridad de la población y a la infraestructura pública estratégica del país, señala el documento.
La resolución ratifica el “compromiso de la Asamblea Nacional de velar por la defensa del derecho humano al agua, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la protección de los bienes públicos estratégicos”.
Jaramillo agregó que la protesta es legítima dentro del marco constitucional y jurídico; sin embargo, no puede derivar en actos que generen caos, como ocurrió en Imbabura.
Al referise al tema, Esteban Torres (ADN) sostuvo que “secuestrar policías y militares no es justicia indígena; usar cohetes artesanales y bombas molotov, cortar servicios de agua y sitiar ciudades no es protesta”.
Con 80 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que reconoce el aporte fundamental del sector productivo a la economía nacional y a la generación de empleo.
Expresa solidaridad con los trabajadores, productores y exportadores, y rechaza los actos de violencia y bloqueos de vías que atentan contra el derecho constitucional al trabajo.
La proponente Nathaly Morillo (ADN) señaló que el país no puede permitirse nuevamente paralizaciones violentas que afectan a miles de familias.
“Las paralizaciones de 2019 y 2022 nos dejaron lecciones dolorosas: el comercio colapsado, más de 1 900 millones de dólares en pérdidas, familias aisladas, niños sin poder asistir a clases y productores que perdieron más de lo que podían soportar”, aseguró.
Morillo puntualizó que, en Carchi e Imbabura, una semana de paralización ha generado pérdidas superiores a 42 millones de dólares.
A nivel nacional, en el sector agropecuario, las pérdidas superan los 142 millones de dólares.
“El sector floricultor, por su parte, ha reportado más de 7 millones de dólares en pérdidas y la amenaza a la estabilidad de aproximadamente 120 mil empleos”.
Alfredo Serrano (PSC) exhortó a la unidad nacional y a pensar en el bienestar colectivo.
Además, dijo que el sector floricultor ya enfrenta el pago de aranceles del 21 % para ingresar sus productos a los Estados Unidos, lo que limita su competitividad.
Información externa: Asamblea Nacional
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