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La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, presentó este martes 28 de abril de 2026 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares.
En este recurso, se denuncia el uso de la prisión preventiva como herramienta de neutralización política y se exponen condiciones de reclusión que contravienen estándares internacionales de derechos humanos.
El alcalde electo se encuentra recluido en el centro de máxima seguridad “El Encuentro”, ubicado en la provincia de Santa Elena.
Según la defensa, su situación implica un régimen de aislamiento extremo, con severas restricciones en el acceso a visitas, comunicación y servicios básicos, incluyendo el suministro regular de agua potable.
Estas condiciones son consideradas desproporcionadas para una persona sin sentencia ejecutoriada y ponen en riesgo su integridad física y psicológica, indicó.
En la petición, se alega la vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se enfatiza que la prisión preventiva ha tenido un efecto de destitución de facto, impidiendo el ejercicio del cargo para el cual fue elegido mediante voto popular.
El escrito presentado ante la CIDH incluye cuestionamientos a los procesos denominados “Goleada”, “Triple A” y “Grillete”.
La defensa argumenta que estos procesos responden a un patrón de instrumentalización del sistema penal, evidenciando una supuesta desviación de poder orientada a excluir al alcalde del ámbito político y comprometer la independencia judicial y el debido proceso.
La solicitud de medidas cautelares se fundamenta en criterios de urgencia, gravedad e irreparabilidad.
La defensa sostiene que mantener al alcalde en un centro penitenciario destinado principalmente a personas sentenciadas incrementa el riesgo a su vida e integridad, especialmente en un entorno con condiciones sanitarias críticas y antecedentes de enfermedades graves dentro del sistema carcelario.
Este caso introduce un elemento relevante en el ámbito interamericano: la aplicación de medidas privativas de libertad a una autoridad electa.
Esto genera interrogantes sobre la compatibilidad entre la prisión preventiva y los derechos políticos en democracias.
Además, la defensa ha iniciado acciones ante otros mecanismos internacionales, incluyendo procedimientos ante Naciones Unidas sobre tortura y detención arbitraria.
La CIDH deberá pronunciarse sobre esta solicitud de medidas cautelares.
Este pronunciamiento podría sentar un precedente regional respecto al uso del derecho penal en contextos políticos y la protección de autoridades electas frente a medidas restrictivas de libertad.
El escrito fue suscrito por el defensor técnico Jorge Sosa Meza, en representación de Aquiles Alvarez.
Informe extra: Aquiles Alvarez
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