Jimmy Pinoargote. Asambleísta independiente.
Su experiencia. Es asambleísta por Santa Elena y una de las voces más críticas a la ley de medios.
Su punto de vista. Cree injusta la forma de redistribuir el espacio radioeléctrico.
El presidente Rafael Correa dijo que le tenía sin cuidado la aprobación de la Ley de Comunicación. ¿Es así?
Una cosa es lo que él dice y otra la que pasa. Acá en la Asamblea hay gran interés por parte del oficialismo para aprobar un texto rechazado por la oposición. Es una ley controladora que no controla los excesos del Presidente de la República. ¿O no hay excesos en la cadena sabatina?
¿Que en el posible Consejo de Regulación estén representantes de los gobiernos autónomos no cambia la correlación de fuerzas?
En ese Consejo hay un representante directo del Ejecutivo y otros indirectos, como el delegado de los consejos de Igualdad. Además, ¿qué tan independientes pueden ser los gobiernos autónomos si no han sido capaces de defender sus propias conquistas? Quienes están frente a estos son de línea oficialista. Además, es inconstitucional que ellos estén porque los regulados no pueden formar parte del órgano regulador. En el país existen radios municipales y de las prefecturas. El representante de las facultades de Comunicación de las universidades públicas, también tendrá injerencia del Ejecutivo.
¿De qué forma?
El Estado es el que paga sus rentas. Además, los delegados serán elegidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
¿Desconfía de la transparencia del poder electoral?
Yo, enfrento un proceso de revocatoria por mi posición en esta ley, desde junio del 2011, cuando el presidente Correa anunciara que recogerían firmas. Los proponentes del proceso de revocatoria deberán recolectar 24 903 firmas, en la circunscripción de Santa Elena.
¿Cuán cierto es que este proyecto no ha sido polémico sino polemizada por los medios de comunicación?
El error es pensar que la ley es para los medios. Debe interesarle no solo a los periodistas; también al pueblo, que debe tener libertad de ver, leer o escuchar lo que quiera, no lo que se imponga a un segmento. Un programador de radio y televisión busca una audiencia, oyentes o televidentes, para contar con publicidad. Y si no tiene la libertad suficiente porque le van a obligar a colocar 50% de contenido musical nacional, de producción local, que publicidad no importada…
¿La comunicación es un servicio masivo, no una posibilidad de lucrar?
Es un negocio lícito como cualquier otro, como una concesión turística en Galápagos, las mineras… Todos saben que el espectro radioeléctrico es un bien del Estado, usado por la empresa privada, que históricamente desarrolló este espacio. Ecuador fue el segundo país en Sudamérica donde ingresó la televisión, todo con el impulso de la empresa privada, y ahora resulta que nada de eso sirve y hay que tener medios públicos y comunitarios que los reemplacen.
¿Le preocupa el esquema de reparto de frecuencias?
Ella cuestiona, por ejemplo, el período de concesión de frecuencias. Yo digo si la minera es de 50 años, la turística de 15, ¿por qué no también 15 años para las estaciones de radio y televisión? No estoy de acuerdo en que los medios públicos reciban adjudicación directa y los privados y comunitarios deban participar de un concurso público. Los únicos que no pueden tener otra actividad son los comunicadores, los radiodifusores. Muchas de estas empresas son familiares, si pierden la frecuencia toda la familia tendrá que buscar de qué vivir. Hay una injusticia.
¿Es extraño que ni entre militantes de Alianza País se pongan de acuerdo? Betty Carrillo cuestiona el informe final de Mauro Andino.
Las discrepancias de Betty se han visto desde el inicio, pero luego, en el momento de votación, pese a haber habido lágrimas la votación ha sido en plancha.
¿Por eso se retomó la idea de la profesionalización?
Yo propuse el artículo, tras reunirme con gremios. Olímpicamente Mauro Andino, lo sacó en el texto de febrero, y ahora lo devolvió.