Ambientalistas protestaron en Quito contra la ley urgente de minería y energía

Ambientalistas protestaron en Quito tras la aprobación de la ley urgente de minería y energía frente a los edificios de la Asamblea y la Corte Constitucional este jueves 26 de febrero de 2026; el Pleno de la Asamblea aprobó con 77 votos a favor la normativa enviada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.

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Las protestas contra la ley urgente de minería y energía en Quito

Aunque el Pleno de la Asamblea aprobó la ley urgente de minería y energía en Guayaquil; los colectivos ambientalistas y sociales que rechazan la normativa en Quito.

Yasunidos, Quito sin Minería y otras organizaciones ambientalistas se concentraron para protestar fuera de la Asamblea y la Corte Constitucional contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de los sectores estratégicos de Minería y Energía.

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Con pancartas, malabares, disfraces y música, los manifestantes se expresaron en contra del Gobierno, autor de la iniciativa legislativa.

Los argumentos

Los ambientalistas dijeron que la nueva ley solo protege el interés privado y nos los derechos de la naturaleza y de las personas a agua limpia.

Ratificaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad porque la ley vulnera el derecho a la consulta libre e informada.

También se opusieron al ingreso de las Fuerzas Armadas a los territorios.

Aseguraron que con la ley se afecta a la Amazonía, al Chocó Andino y a las islas Galápagos; a esta última porque se quiere utilizar recursos mineros pétreos.

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“Vamos a llegar a las instancias que sean necesarias, no vamos a permitir que destruyan nuestros páramos”, dijo Amparo Rivadeneira, del colectivo Rebelión y Extensión.

Demandas de inconstitucionalidad

Yasunidos y otras organizaciones demandarán la inconstitucionalidad contra la ley urgente de minería y energía, enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económico urgente y aprobada este jueves 26 de febrero de 2026 por la mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea.

Al rechazo a la ley enviada por el presidente Daniel Noboa también se suman la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA)  y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“reconfigurar el rumbo del país en torno a un modelo extractivo que profundiza la dependencia minera y energética”.

Yasunidos manifestó que la ley no es un “ajuste técnico”: es una decisión política que pretende blindar y acelerar la expansión de actividades de alto impacto bajo tres argumentos:

• Eficiencia económica
• Sostenibilidad ambiental
• Seguridad jurídica

Esto, “priorizando la rentabilidad de las élites económicas por sobre los derechos”.

La ley implica más presión y riesgo para los pueblos y comunicados y un retroceso constitucional sobre la protección de la naturaleza.

Información extra: Ecuador

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