21 de July de 2012 00:01

Al CNE se le acumulan tareas pendientes

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Circunscripciones
El 17 de agosto el Consejo Electoral   presentará al país la nueva división en  Guayas, Pichincha y Manabí.

Las organizaciones políticas no pueden concretar sus estrategias de campaña ni tampoco designar a sus candidatos a la Asamblea Nacional.

El motivo es que desconocen cómo el Consejo Electoral dividirá a las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, en circunscripciones. Tampoco saben cuál será el reglamento que norme las candidaturas dentro de estos nuevos espacios. Las tres provincias concentran el 52% del electorado, por lo cual es un tema delicado.

En este marco, actores políticos han solicitado al organismo que esa división responda a un estudio técnico y demográfico serio, alegado de intereses políticos.

Uno de los riesgos de esta división, desde la perspectiva del ex vocal electoral Fausto Camacho, es el ‘Efecto Salamandra’, esto para asemejar a una línea curva con la cual se sacan las parroquias para incorporar otras y así perjudicar a los candidatos

Así, la delimitación de las circunscripciones -a juicio de políticos- se ha dilatado. Más aún cuando el CNE anterior ya propuso tres modelos tentativos, que fueron entregados al organismo.

“Sin esa normativa no podemos escoger a los candidatos, estamos de brazos cruzados”, dice Alfredo Serrano, director del PSC.

Alianzas políticas
El CNE elaboró un primer borrador de reglamento. Hasta ayer se aceptaron las sugerencias de las organizaciones.

Las organizaciones políticas han empezado a hacer públicas sus alianzas. No obstante, todavía no existe un reglamento oficial que norme esta práctica.

La anterior semana, el Consejo Electoral envió a los actores políticos el primer borrador de esa normativa, que fue elaborado al interior del organismo.

La principal crítica que recibió el proyecto es que se permite las alianzas solamente entre organizaciones políticas “legalmente inscritas”. Así, quedarían fuera de la cancha electoral partidos políticos como la Izquierda Democrática (ID) o la RED, que no pudieron completar su proceso de reinscripción en el CNE.

Para el precandidato presidencial de Participación, Gustavo Larrea, la normativa viola los derechos de los ciudadanos.

Hasta ayer el organismo electoral recibió vía correo electrónico las observaciones a la normativa, para realizar un debate en el próximo Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas.

El asambleísta de Concertación, César Montúfar, ratifica que “la demora en definir las reglas conspira contra el derecho de participación”. Ese movimiento ha formalizado su alianza con un ala de la ID y también con el movimiento Machete.

Regulaciones a la prensa
No se ha establecido una fecha tentativa para una reunión con los dueños de los medios de comunicación.

Mientras la Corte Constitucional (CC) está trabada con las demandas a las reformas al Código de la Democracia, el CNE anuncia una reunión con los medios de comunicación nacionales para definir una “normativa conjunta”.

Si la Corte resuelve declarar constitucional la reforma electoral, impulsada por el presidente Rafael Correa, los medios de comunicación se enfrentarán a una norma ambigua: se trata del artículo 203 que establece que durante el período electoral los medios “se abstendrán” de hacer reportajes o especiales que incidan a favor o en contra de un candidato, postulado o tesis política.

La norma ha recibido críticas por considerarse ambigua. En este marco será el organismo electoral el que defina qué publicaciones inciden y cuáles no.

El presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, ve este posible acercamiento entre el CNE y los medios como un remiendo, pues sostiene que “un derecho no se negocia sino que se defiende”.

También existe preocupación entre los actores políticos de oposición para quienes sus propuestas de campaña no podrán ser difundidas, con lo que la ciudadanía estará desinformada.

El padrón electoral
En octubre, cuando se realice la convocatoria oficial a las elecciones, el CNE publicará  el nuevo padrón.

El organismo electoral junto con el Registro Civil se han comprometido en depurar el padrón electoral para los comicios de febrero del 2013. Para eso se firmó un convenio de cooperación interinstitucional.

A más de esto, el CNE está realizado un proceso de registro de domicilio masivo, que también servirá para esa depuración.

Esto para evitar lo que sucedió en la consulta popular de mayo del 2011. En ese tiempo la alerta de los sectores políticos de oposición fue que en el registro electoral de ese proceso existía casi un millón de electores que constaban en la base pero que estaban impedidos de sufragar. La explicación del Registro Civil fue que esa lista la conformaban personas fallecidas o que habían abandonado el país.

Para el ex presidente Lucio Gutiérrez, el riesgo de un padrón inflado es que “los muertos voten por Alianza País”. En este marco, critica que la alianza entre el CNE y el Registro Civil se haya realizado a tres meses de la convocatoria. Además, existe un precedente negativo. En los comicios del domingo pasado para seleccionar a los miembros de las juntas parroquiales en Zamora Chinchipe y Los Ríos el organismo electoral no transparentó el padrón.

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