ADN rechaza decisión de la Corte Constitucional sobre leyes de Solidaridad e Integridad

La bancada oficialista ADN rechazó el fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucionales la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública.

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Bloque oficialista habla de un “golpe jurídico”

En un pronunciamiento emitido este viernes, 26 de septiembre de 2025, el movimiento calificó la decisión como un “golpe jurídico” que, a su criterio, deja al país “desprotegido ante las mafias, la corrupción y el crimen organizado”.

“Hoy más que nunca debemos decir sí a la constituyente, sí a tener una base jurídica que vele por los intereses del Ecuador”, señaló la bancada oficialista. En su pronunciamiento, añadieron que “nos dejan desarmados y a expensas del mal” y ratificaron que continuarán con “valentía y firmeza” la lucha contra las viejas estructuras que, según dicen, han hecho daño al país.

Argumentos de la Corte Constitucional

El fallo de la Corte Constitucional se sustenta en dos sentencias: la 51-25-IN/25 y la 52-25-IN/25. En la primera, el tribunal determinó que la Ley de Solidaridad Nacional utilizó de forma indebida el procedimiento de urgencia económica, al mezclar materias económicas, penales y de seguridad.

En la segunda, sobre la Ley de Integridad Pública, la CC concluyó que esta norma y sus reglamentos conexos vulneraron principios como la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática. El tribunal recordó que “ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica”.

Posición de ADN

Para ADN, existe la necesidad de impulsar una nueva base legal a través de la consulta popular y la Asamblea Constituyente, con el fin de “proteger a los ciudadanos frente a las amenazas del crimen organizado”. La bancada oficialista sostiene que continuará respaldando al Ejecutivo en sus estrategias de seguridad y que no renunciará a su agenda de reformas.

Mientras tanto, la sentencia de la Corte Constitucional marca un nuevo precedente en el control del procedimiento legislativo y refuerza la obligación de que toda ley respete los principios de unidad de materia, deliberación democrática y transparencia.