El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha determinado cerca de 4 000 evidencias de campaña anticipada hasta el 30 de diciembre pasado.
Esto significa, según el organismo electoral, un valor de USD 599 744, que podría ser imputado al gasto de campaña de los candidatos que han sido identificados como los beneficiarios de la promoción electoral.
La mayor cantidad de vallas, afiches y murales colocados en la vía pública se registró en Guayas, con cerca de la mitad del gasto total.
Hasta el 16 de diciembre, habían 3 392 evidencias de las infracciones electorales. Y 15 días después se registraron 500 vallas, afiches, murales, etc., con nombres de candidatos y autoridades que aspiran a la reelección.
De acuerdo con el Código de la Democracia, está prohibido que los candidatos se publiciten de forma anticipada, por lo que los montos que se inviertan en la promoción antes del 7 de enero, cuando arranca la campaña electoral, serán imputados al límite del gasto electoral. Esto, porque no hay mecanismos legales para sancionar a quienes infrinjan la ley.
Estos controles los realizan a diario el CNE con apoyo de la Contraloría, de acuerdo al convenio interinstitucional que suscribieron las dos entidades en noviembre pasado. Incluso, para la próxima está previsto que continúen con los operativos en algunas provincias de la Costa y Sierra del país.
Además, la Contraloría dispuso el inicio de exámenes especiales a los gastos en publicidad e información de los Gobierno Autónomos Descentralizados (alcaldías y prefecturas) en todo el país.
Allí se auditarán las cuentas de las instituciones desde enero hasta diciembre del 2013, para determinar “la veracidad y legalidad de los desembolsos y uso de los espacios y recursos públicos”.
En ese período se revisará si las entidades estatales gastaron en publicidad durante la campaña para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, así como la promoción previa a los comicios seccionales, que se realizarán el 23 de febrero próximo.
Además, luego de las elecciones, la Contraloría nuevamente realizará un examen especial a las instituciones públicas. Allí se determinará si se utilizaron fondos y bienes estatales en la promoción de alguno de los candidatos.