La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) entró en vigencia en 2004 y hasta ahora no se cumple a cabalidad. El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, lo admite pero señala también los avances. Hoy, 27 de octubre, la entidad celebró el aniversario número 10 de la normativa, en Quito.
Por primera vez, la Defensoría del Pueblo está levantando un registro de la información reservada que existe en el país. Y según su informe de cumplimiento de la Lotaip, hay 31 entidades que mantienen 584 registros clasificados como reservados.
Las cinco instituciones que más información tiene bajo reserva son la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Banco del IESS, la Procuraduría, la Superintendencia de Bancos y Seguros y el Instituto Oceanográfico de la Armada.
Todas las entidades públicas o privadas que reciben fondos públicos deben transparentar su información de acuerdo a la Ley. Y según Rivadeneira, en los últimos cinco años, el acceso ha mejorado. La Defensoría exige informes anuales a alrededor de 1 500 entidades sobre el cumplimiento legal. Y para el próximo periodo 389 ONGs, organizaciones sociales, concesionarias y universidades también deberán hacerlo, por recibir con recursos del Estado.
Rivadeneira destacó el trabajo de las entidades del Ejecutivo, gracias a la firma de un convenio con la Secretaría de Administración Pública, el año anterior. Por ejemplo, en 2012 sólo el 67% informaron sobre el cumplimiento de la Ley. En 2013 lo hizo el 100%.
Según el Defensor, en los últimos cuatro años se incrementó del 20% al 80% el cumplimiento de la entrega de información pública. Sin embargo, dijo que hace falta que la ciudadanía y las entidades conozcan sus derechos y exijan la totalidad del acceso.