10 puntos clave del reglamento para acompañar y reparar a víctimas colaterales de femicidio en Ecuador

Por el Día de la Mujer, el presidente Noboa oficializó este reglamento que beneficia a víctimas colaterales de femicidio.

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A través del decreto 558, el presidente Daniel Noboa expidió el reglamento para el acompañamiento y reparación integral de víctimas colaterales de femicidio.

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“Este instrumento representa un instrumento crucial en la garantía de derechos, al establecer mecanismos de protección, acompañamiento y reparación para las víctimas colaterales del femicidio y otras muertes violentas por razones de género”. Así resumió el objetivo de este reglamento, en un comunicado.

El documento de 30 páginas establece un marco normativo integral para garantizar derechos fundamentales y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Enfatiza el derecho a una vida digna que asegure necesidades básicas como salud, educación, trabajo, y seguridad social. Se detalla una atención prioritaria para grupos vulnerables, incluyendo mujeres, niños, y personas con discapacidad, en situaciones de riesgo y víctimas de violencia.

10 puntos a favor de las víctimas de femicidio

  1. Derechos a una vida digna: Se consagra el acceso a salud, alimentación, agua potable, vivienda, y educación como derechos fundamentales.
  2. Prevención y erradicación de la violencia: Se establecen medidas específicas para prevenir y sancionar toda forma de violencia, especialmente contra mujeres y niños. El Estado es responsable de garantizar una vida libre de violencia y debe involucrar a la sociedad y la familia en esta tarea.
  3. Atención prioritaria a grupos vulnerables: Se especifica que personas como niños, ancianos, y víctimas de violencia recibirán atención prioritaria en los servicios de salud y bienestar.
  4. Protección de niños y adolescentes: Se destaca la importancia de políticas públicas que aseguren los derechos de la infancia y la adolescencia, priorizando su interés superior en decisiones y políticas que les afecten.
  5. Reparación a víctimas de violencia de género: Se establecen medidas de reparación para víctimas de femicidio y violencia de género, incluyendo rehabilitación y compensaciones.
  6. Responsabilidad estatal y social: Se menciona que el Estado, la sociedad y la familia deben colaborar para la protección y garantía de derechos, promoviendo un sistema articulado y participativo.
  7. Mecanismos de participación ciudadana: Se fomenta la participación activa de la ciudadanía en la formulación y evaluación de políticas públicas.
  8. Coordinación interinstitucional: Se promueve la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales para implementar políticas de manera efectiva.
  9. Evaluación y monitoreo de políticas: Se crean comités encargados de revisar y evaluar el impacto de las políticas públicas periódicamente.
  10. Asignación de recursos: Se asegura la asignación suficiente y oportuna de recursos económicos para financiar las iniciativas.

Este reglamento también busca una transformación en la manera en que se abordan las políticas de violencia y vulnerabilidad social, implicando tanto a autoridades como a la comunidad en general.

Disposiciones generales para acompañar a las víctimas

Las disposiciones generales subrayan los principios de no discriminación, bienestar, justicia social, y transparencia. Estos principios orientan todas las acciones estatales y sociales dirigidas a la promoción y defensa de derechos humanos .

Los procesos que se encuentren en trámite, así como los nuevos que se generen hasta la emisión de la normativa respectiva por parte del ente rector de inclusión económica y social se continuarán gestionando conforme lo previsto en el decreto 370 de 9 de marzo de 2022 .

El registro digital de sentencias cumplirá con lo establecido en la Ley Orgánica de Datos Personales, el cual consistirá en la recopilación de las sentencias definitivas de casos de femicidio y otras muertes violentas por razones de género, todas ellas ejecutoriadas, registro a cargo del Consejo de la Judicatura

Se enfatiza la importancia de la participación activa de la comunidad en la formulación, ejecución, y supervisión de políticas públicas. Se establecerán mecanismos para garantizar que la voz de las personas afectadas se escuche y se tenga en cuenta en el proceso de toma de decisiones .

Instruye a diferentes entidades del gobierno a colaborar de manera efectiva para asegurar la implementación de las políticas y programas previstos. Se busca una articulación de esfuerzos para brindar un servicio integral y cohesivo a los ciudadanos.

Tareas para cumplir en los próximos tres meses

Se establecen plazos específicos para la elaboración de planes de acción que permitan la plena implementación del reglamento:

  • El ente rector de políticas públicas de derechos humanos formulará las normas técnicas y protocolos de contención y respuesta urgente .
  • La Fiscalía General del Estado reformará la normativa interna o elaborará la misma .
  • El ente rector de inclusión económica y social, emitirá la normativa respectiva.