Policía revisa documentos a ciudadanos venezolanos que viajan en buses

La Policía de Migración revisa los papeles de los viajeros de los buses interprovinciales en Mascarilla (Imbabura). Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

La Policía de Migración revisa los papeles de los viajeros de los buses interprovinciales en Mascarilla (Imbabura). Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

La Policía de Migración revisa los papeles de los viajeros de los buses interprovinciales en Mascarilla (Imbabura). Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

Los líderes de la OEA, Argentina y Chile se pronunciaron ayer, 20 de agosto del 2018, sobre las repercusiones de la crisis migratoria venezolana en la región.

En Ecuador, los venezolanos sin pasaportes y varados en el Puente Internacional Rumichaca insisten al Gobierno que se les permita ingresar con la cédula de identidad.

En una carta escrita a mano con esferográfico de color negro, dirigida al ministro del Interior, Mauro Toscanini, solicitan que se permita el paso a quienes no tienen pasaporte. La misiva que circuló en Rumichaca tenía las firmas de respaldo de unos 600 extranjeros.

Algunos de ellos no descartan cruzar Ecuador rumbo al sur del continente, sin cumplir el trámite. Pero pueden ser sorprendidos por los controles de la Policía en la salida sur de Carchi e Imbabura.

En esta última, los gendarmes informan a los viajeros de los autobuses que los extranjeros que ingresaron como turistas no pueden trabajar. Jorge Sánchez, jefe de Migración de Imbabura, explica que en el caso de los venezolanos que se dirigen al interior de Ecuador o a Perú o Chile se les ayuda con la movilidad, por la emergencia y la crisis humanitaria.

Virginia Varela va a Perú. “Yo tengo pasaporte gracias a Dios, porque saqué anteriormente, pero la mayoría no”. Así explicaba mientras iba a la oficina de Migración. La fila para el trámite de ingreso se redujo desde el sábado último, cuando la medida entró en vigor.

Ciudadanos, como Eliécer Coello, quien llegó de Caracas, prefirieron descansar debajo de las carpas. Otros -con grandes maletas- se ubicaron en los pasillos.

Según Coello, las autoridades ecuatorianas tienen que ayudarlos. En el grupo de extranjeros hay mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Eso se indica en la carta que los migrantes aspiran a que llegue a manos de Toscanini, explica Eli Mar Moreno, que recolectaba las rúbricas. Ella entregó el documento a Sandra Villareal, delegada de la Defensoría de Pueblo, del Carchi.

Precisamente,a las 10:25 de este viernes será la audiencia por las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo, para que se suspenda la exigencia de pasaportes.

La notificación fue hecha este lunes por Judith Naranjo, jueza encargada de la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia de Quito, en donde recayó esta causa que también es impulsada por la Defensoría Pública y organizaciones civiles.

El argumento de quienes llevan el caso a la justicia es que la medida migratoria anunciada el jueves anterior por el Ministro del Interior atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.

El viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, anunció ayer en Ecuadortv que el Gobierno analizará “medidas complementarias” para los migrantes venezolanos que ya están en el país.

“Lo peor que le puede pasar al Ecuador es que haya miles de ciudadanos venezolanos que no estén en una situación regular, que nosotros no sepamos dónde están y que no tengan acceso realmente a una inserción normal dentro del país”, dijo.

El debate en la región

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió ayer una reunión urgente del Consejo Permanente para abordar la crisis migratoria.

“La situación es en sí misma desesperante, por falta de acceso a derechos sociales básicos por parte del pueblo venezolano, el colapso de la salud, de la educación, de la seguridad, de las capacidades públicas de proveer agua y electricidad y de atender las condiciones mínimas que necesita la población para vivir”, señala Almagro en la petición oficial, que publicó en Twitter.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció el domingo que es altamente probable que acuda a la Corte Penal Internacional para que investigue presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el Régimen socialista.

“Es cierto. Está en proceso. A mí no me cabe ninguna duda de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y ciudadanos en general”, dijo a la cadena CNN.

Macri señaló que la solicitud se hará “en semanas” y que probablemente lo haga junto con Colombia, Chile y Paraguay. “Yo me hago cargo de lo mío. Seguramente Colombia también. Chile, con seguridad. Y puede ser Paraguay, el nuevo presidente (Mario Abdo Benítez)”.

Macri sostuvo que en la región “cada vez hay más consensos de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los venezolanos”.

El estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, pidió al Supremo Tribunal Federal que cerrara temporalmente la frontera. Así pretender evitar “el eventual derramamiento de sangre entre brasileños y venezolanos”, luego de los ataques xenófobos del fin de semana.

El Gobierno de Chile se mostró a favor de llevar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal, en conjunto con otros países, para que investigue violaciones a los derechos humanos que sufre ese país.

“La idea es que seamos un conjunto de países los que presentemos este tema ante la Corte, para que investigue los casos de violaciones a los derechos humanos”, precisó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero. “El tema, en verdad, está siendo conversado desde hace cierto tiempo con otros países, como Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá”.

El Canciller recordó que “Chile fue el primer país de la región en respaldar que la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara un informe de un grupo de expertos ante la Corte Penal Internacional”.

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