19 de febrero de 2019 00:00

21 policías y cinco civiles fueron recluidos en la Penitenciaría 

La mañana de ayer, policías escoltaron a los 26 detenidos mientras iban a la cárcel.

La mañana del pasado lunes 18 de febrero de 2019, policías escoltaron a los 26 detenidos mientras iban a la cárcel. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
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Los familiares gritaban y pedían que dejaran libres a los 21 policías detenidos, porque supuestamente dejaron ingresar ilegalmente una ambulancia a la cárcel de Guayaquil. Ellos y cinco civiles fueron detenidos el domingo 17 y el lunes 18 de febrero de 2019 fueron trasladados a la Penitenciaría.

Esto ocurrió luego de que en la madrugada se desarrollara la audiencia de formulación de cargos y la Fiscalía del Guayas los acusara por el supuesto delito de asociación ilícita.

En este momento, sobre los 26 pesa una orden de prisión preventiva por 90 días. En ese tiempo, la Fiscalía deberá recabar más evidencias para seguir con el proceso judicial.

El caso comenzó el 2 de enero de este año, cuando la ambulancia cruzó la puerta de ingreso y el área de revisión vehicular y entró al centro carcelario.

Las investigaciones señalan que el vehículo contenía cajas de cartón con televisores, droga, cerveza y armas de fuego. Esta información fue confirmada por Walter Romero, el fiscal que lleva el caso.

Imagen referencial. Paramédicos atendieron en una ambulancia a un adolescente que fue herido con arma blanca en Riombaba. Las heridas causaron la muerte al menor. Foto: Archivo/ EL COMERICO


Todo quedó registrado en 21 videos de seguridad y la Fiscalía los presentó ante el juez.

Tras el operativo, las imágenes quedaron bajo cadena de custodia en la Policía Judicial.

Por eso, entre los procesados también está el personal encargado de revisar las cámaras.

Un investigador contó a este Diario que en las imágenes se ve cómo la ambulancia entró sin ser revisada, cómo personas vestidas de negro y un grupo de detenidos descargaban cajas e ingresaban al pabellón de máxima seguridad.

Allí está recluido el cabecilla de Los Choneros, alias ‘JL’, quien ahora también es indagado por este hecho.

Nueve días después de que entrara el vehículo, el 11 de enero, un detenido fue asesinado en ese pabellón.

La víctima recibió cuatro disparos y los agentes no descartan que el arma usada en ese crimen precisamente haya ingresado en la ambulancia.

Durante el operativo del domingo, alias ‘JL’ fue interceptado en su celda cerca de las 20:00. Esa operación se debía concretar 12 horas antes, pero los agentes dijeron que cuatro reclusos encapuchados amedrentaron a los uniformados.

Entonces, esperaron a que los detenidos se calmaran y luego el cabecilla, que cumple una sentencia de 20 años por asesinato, fue trasladado a la Policía Judicial y a la Unidad de Flagrancias.

Según los servicios de Inteligencia, alias ‘JL’, quien ayer debía salir en libertad tras acogerse a la prelibertad, lidera el pabellón de máxima seguridad. Según los investigadores, en las grabaciones logra-ron identificarlo por su físico, como una de las personas que cargó las cajas de la ambulancia hasta las celdas.

Por este caso, la Fiscalía emitió 29 boletas de captura, pero solo detuvo 26 personas.

Dentro de la instrucción fiscal no se descarta la vinculación de más detenidos.

“Con Criminalística se analizarán los videos para determinar la identidad de otros reclusos que ayudaron a descargar las cosas que estaban en la ambulancia”, dijo un agente.

Ahora se revisan las imágenes, para determinar si el vehículo ingresó más de una vez al centro carcelario.

Por su parte, los abogados de los policías detenidos cuestionaron la validez de los videos e indicaron que en las imágenes no se puede identificar el rostro de los uniformados acusados. También sostuvieron que algunos no formaban parte del control de ingreso.

Después de la audiencia de formulación de cargos, la general Tanya Varela, jefa policial de la Zona 8, acudió a la Fiscalía, pero no emitió declaración alguna.

El director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, dijo que es importante trabajar en temas de seguridad y establecer mecanismos para frenar la corrupción en los centros penitenciarios. “Era una ambulancia camuflada y lo que se estaba investigando era quiénes eran los responsables”.

Según el funcionario, en las cárceles operan mafias que corrompen a los guías, a funcionarios y a los policías. “El hecho de que ingresó la ambulancia por todos los filtros evidencia que los sistemas de seguridad están fallando”.

Los problemas por resolver

Hacinamiento penitenciario

La sobrepoblación es uno de los problemas que afecta a las cárceles del país. En el Centro de Detención Provisional de Quito, por ejemplo, hay un hacinamiento del 157%. En Ibarra es del 123%. Pero en Jipijapa-Manabí llega al 268% y en Santo Domingo de los Tsáchilas al 126%. En el caso de la capital, una de las soluciones era que los detenidos por adeudar una pensión alimenticia pasen a las instalaciones del antiguo CDP que funcionaba en San Roque (centro). Sin embargo, un grupo de exalcaldes pidió que se revea esa decisión y que esa zona entre a un proceso de rehabilitación.

Crímenes dentro y fuera

Hasta el año pasado, en las cárceles estaban identificados 23 grupos delictivos que ordenaban crímenes desde las celdas y también asesinaban dentro de los centros de rehabilitación. ¿Cómo emitían esas órdenes? Lo hacían por teléfono y para obtener señal del exterior utilizaban tramos de alambre de cobre y los conectaban a las rejas de hierro. Cifras de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida señalan de enero al 5 de septiembre del 2018, a escala nacional se perpetraron 12 asesinatos en los centros penitenciarios. En el mismo período del 2017 se registraron siete casos.

Ingreso de drogas y armas

El director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, dice que a las cárceles entran cosas que no están permitidas, como televisores y celulares. Pero también se detectaron drogas y armas de fuego. El funcionario advirtió fallas en los escáneres y daños en las cámaras de vigilancia. Por eso, en este momento prepara un pedido para que se declare en emergencia al sistema de Rehabilitación. Ese texto será puesto en conocimiento de los funcionarios de Gobierno. Las autoridades dicen que el 25% de detenidos no está inscrito en ningún proceso de recuperación y se dedica a actividades ilegales.

Fallas en agua y alimentación

Los presos de Ibarra, Latacunga, Machala y Quito se quejaron por la mala calidad de alimentación. Tras recoger esas versiones, las autoridades comenzaron una investigación y el contrato firmado para la dotación de comida en los centros penitenciarios entró a un análisis. En diciembre pasado se conoció que la empresa que da este servicio ha ganado concursos en los últimos siete años. También hay problemas con el agua. En Latacunga y en Santo Domingo de los Tsáchilas, los detenidos piden que se mejore el servicio y que este se encuentre disponible las 24 horas.

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