Un grupo de estudiantes pidió este lunes 5 de agosto de 2019 mayor seguridad dentro de la ciudadela universitaria de la Universidad de Guayaquil que ha sido blanco de cinco ataques con explosivos en lo que va del año. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Una guindola fue colgada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil como señal de protesta. “Basta al terrorismo disfrazado de politiquería”, se lee en la lona que cubre la fachada, afectada por la detonación de un potente explosivo la noche del jueves 1 de agosto.
Con un plantón pacífico, un grupo de estudiantes pidió este lunes 5 de agosto de 2019 mayor seguridad dentro de la ciudadela universitaria, que ha sido blanco de cinco ataques con explosivos en lo que va del año.
“Se afectaron nuestras aulas, laboratorios y la biblioteca. Las lámparas, pizarras y vidrios de las ventanas fueron destrozados. Todo fue limpiado y continuamos recibiendo clases en medio de los daños; eso nos afecta sicológicamente”, dijo Ruddy Bolaños, presidenta de la carrera de Enfermería.
Jean Carlos Intriago, representante de la Asociación Escuela de Medicina, pide conocer los resultados de las investigaciones de los anteriores atentados, cuatro de ellos registrados en la Facultad de Ciencias Médicas, donde estudian cerca de 9 000 alumnos.
“No hay responsables ni sancionados. Eso nos deja intranquilos. Las autoridades de control tampoco se han pronunciado sobre la situación crítica que vive la universidad”, reclamó.
La semana pasada, el rector Roberto Passailaigue pidió celeridad a la Fiscalía frente a las denuncias presentadas anteriormente. También solicitó el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con labores de inteligencia.
La Escuela de Enfermería registra 1 500 estudiantes. Algunos de ellos recibían clases la noche de la explosión.
En el Centro de Atención de Enfermería recuerdan que al siguiente día tuvieron que habilitar un espacio temporal. El área, también usada para prácticas, quedó cubierta por escombros. Pero fue necesario mantener la atención porque al menos cinco personas padecían las secuelas del atentado, como presión arterial elevada y problemas auditivos.
Liliam Cedeño es una de las afectadas. Ella labora en un local de fotocopiado, ubicado a unos diez pasos del sitio donde fue colocado el artefacto explosivo.
“Poco antes de la detonación me dirigía al baño. La onda expansiva me lanzó al suelo y tuve que volver al local porque los vidrios comenzaron a caer. Aún me siento aturdida y tengo un zumbido en el oído que no se me quita”, relató Cedeño.
La zona del último atentado es un corredor que conecta dos parqueos de la Facultad de Medicina. El sitio es poco alumbrado durante las noches.
Marcela Vélez, vicepresidenta nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), pidió a las autoridades universitarias la aplicación de mecanismos para obtener fondos que se destinen a la instalación de más cámaras de seguridad y para incrementar la vigilancia.
“Advertimos que habría un recorte de presupuesto pero no nos permitieron salir a defenderlo. Necesitamos que establezcan mecanismos de seguridad, no podemos venir a las clases en paz”, aseguró Vélez.
Passailaigue, quien también dirige la Comisión Interventora de la U. de Guayaquil, ha reclamado al Ministerio de Finanzas la entrega de USD 17,8 millones, que corresponden al presupuesto de este año del centro de estudios.
De ese monto, se calcula que USD 700 000 son necesarios para implementar un plan de seguridad que tomó forma a inicios de junio pasado. Ante la falta de dinero, Passailaigue explicó que han recurrido a reubicar algunas de las cámaras operativas con las cuentan, pero ninguna captó indicios del último atentado.