6 de junio de 2019 00:00

Plantel militar, intervenido tras denuncias

Alfredo Astorga, viceministro de Educación, y Sybel Martínez, del Consejo (der. a izq.). Cortesía Junta de Protección de Derechos

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Yadira Trujillo M. Redactora (I)
ytrujillo@elcomercio.com

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Los llamados de atención desde el colegio llevaron a Dennis (nombre protegido), de 8 años, a terapia psicológica. En las sesiones, el niño contó a la profesional que unas 10 personas abusaban sexualmente de él en una bodega del Colegio Militar Eloy Alfaro (Comil), donde estudiaba.

Entonces, la madre de Dennis llevó el caso a la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Quito. La entidad emitió medidas de cuidado, debido a la falta de acciones por parte de las autoridades del plantel.

Entre las acciones inmediatas, la Junta dispuso la conformación de una Comisión Interventora, para que analice el clima de violencia que se vive en la institución, ya que ese no era el único caso que la entidad conocía en el Comil. Así se precisó en la notificación.

Posteriormente, la Junta conoció de un nuevo caso en el mismo establecimiento. Cristian (nombre protegido), de 13 años, era un adolescente destacado académicamente. Pero ahora el bullying del que fue víctima lo mantiene en un estado emocional crítico. Se encuentra en tratamiento.

Jaramillo es la abogada de los dos estudiantes que han sufrido violencia. Foto: Yadira Trujillo / EL COMERCIO

Jaramillo es la abogada de los dos estudiantes que han sufrido violencia. Foto: Yadira Trujillo / EL COMERCIO


Tras conocer esa historia, la Comisión Interventora emitió un comunicado en el que, entre varias medidas, dispuso la suspensión inmediata del coronel Luis Pozo, rector del colegio. Se determinó que hubo negligencia y que los hechos pudieron haberse prevenido.

Según el Distrito Educativo 5, desde el 3 de junio una nueva autoridad está en el Rectorado.

La Constitución del Ecuador, en su artículo 44, determina que el Estado tiene que velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debido a que ellos tienen un interés prevalente o superior.

La Junta también solicitó al Comil la entrega de informes de la psicóloga de la institución, sobre las presuntas prácticas abusivas sexuales. La información sobre si se entregó lo solicitado es reservada.

La intención es proteger a los niños y a sus familias, indicó Jéssica Jaramillo, abogada de los chicos, ya que “en ninguno de los dos casos la institución activó rutas y protocolos de atención ni emitió sanciones”.

Jaramillo informó que en el caso de bullying, el colegio acusó a los padres de “buscar agravar la condición institucional para beneficio propio”. Luego -dice- el adolescente siguió recibiendo mensajes de voz amenazantes en su celular de parte de sus agresores.

La abogada también informó que el plantel reveló la identidad de una de las víctimas.

Según el Distrito Educativo de Quito, conocen ocho casos relacionados a vulneración psicológica, acoso escolar y connotación sexual en planteles del norte de la urbe. Según la Junta de Derechos, el 25% de denuncias que reciben llega desde el sistema educativo.

Sobre los responsables en el caso de presunto abuso sexual, el Distrito Educativo señaló que “se conocen las identidades, pero necesitan verificar aún si podrían ser alumnos de ese mismo colegio”.

Tras el nuevo caso de bullying, el Distrito aseguró que se tomaron medidas con la finalidad de que los estudiantes, presuntos agresores, se mantengan en el sistema.

La abogada Jaramillo indicó que los dos salieron del colegio militar y están recibiendo clases en sus casas, con docentes de otros planteles fiscales.

Según el Distrito de Educación, la Comisión Interventora estará en funciones el tiempo que la Junta de Protección de Derechos así lo determine. “Hemos tenido cuatro reuniones con esta comisión”.

Desde la Junta se explicó que los procesos están en etapa de adopción de medidas de protección y no han tenido audiencia, por lo que tampoco existe aún una resolución.

El 21 de junio y 2 de julio serán las audiencias de contestación para los casos de Dennis y Cristian, respectivamente. En esas fechas se escuchará a las partes, con lo que la Junta de Derechos podrá -de ser pertinente- proceder a una sanción.

La Junta señaló que a la entidad le corresponde vigilar que los adultos cumplan con sus obligaciones, como parte del sistema de protección. Y que las investigaciones le corresponden a la Fiscalía.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como la Convención de los Derechos del Niño obligan a todos los adultos a proteger a los niños. La Convención establece que la violencia entre niños es un problema de adultos.

La Observación General número 13 del Comité de Derechos del Niño especifica que desatender las necesidades afectivas de los niños, su salud mental y sus requerimientos médicos y educativos constituye violencia mental.

Cronología de los casos de vulneración de derechos en el colegio

9 de marzo del 2017

La madre del niño de 8 años denunció presunta violencia sexual al interior del colegio ante sus autoridades. Pero asegura que no activaron medidas de protección.

30 de abril del 2019
La Junta de Protección de Derechos notificó de la denuncia presentada por la madre del niño ante esa entidad, por presunta violencia sexual y formó Comisión Interventora.

27 de mayo del 2019
La Junta notificó de una nueva denuncia presentada por los padres de un adolescente que fue víctima de bullying y dio cinco días para que el colegio emitiese un informe.

31 de mayo del 2019
La Comisión Interventora emitió un comunicado, a través del cual informa sobre la disposición de suspender al rector del Comil y determinó que se actuó con negligencia.

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