Hace una semana, la Policía allanó la casa de Humberto G., en Cumbayá (Quito). Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
La casa está dentro de una de las urbanizaciones más exclusivas de Cumbayá, un sector situado en el oriente de Quito. Su costo sobrepasa los USD 600 000. Desde hace una semana el paso a esa propiedad está restringido.
Los guardias dicen que solo personal de la Fiscalía pueden acceder a ella. La vivienda pertenece a Humberto G., una de las nueve personas con difusión roja de la Interpol por la red de corrupción dentro de Petroecuador.
Su casa es ahora uno de los 15 inmuebles que la jueza Karen Matamoros ordenó incautar el viernes pasado. Otros bienes se confiscaron en Quito, Guayaquil y Esmeraldas. Los ministros del Interior, José Serrano y de Justicia, Ledy Zúñiga aseguran no conocer los valores de los inmuebles, pero advirtieron que eran “verdaderas mansiones”, con precios elevados.
En la investigación que lleva la Policía también se detectó que los bienes fueron “donados o vendidos” a terceras personas o familiares. Por eso, se investiga si detrás de esto hay un posible testaferrismo.
EL COMERCIO corroboró que en el Municipio de Quito, por ejemplo, no existen registros de propiedades a nombre de Humberto G. Sin embargo, la Fiscalía incautó, además de la casa de Cumbayá, dos oficinas en el Batán, en el norte. Expertos en bienes raíces dicen que, por la ubicación del sector, podrían fácilmente superar los USD 100 000.
Otro de los bienes que aparecen en la lista de incautaciones de la Fiscalía es la casa del exministro de Hirdrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, quien está prófugo.
La casa del exfuncionario está en una urbanización exclusiva en Samborondón.
Según datos oficiales, solo el terreno está valorado en USD 200 000. El asambleísta Cristian Viteri, quien indaga a Pareja, asegura que consultó a arquitectos y coinciden que la construcción del inmueble pudo llegar a los USD 500 000. Es decir, la vivienda ahora puede valer USD 700 000.
En la vía a Samborondón también fue incautada la Casa de Javier Baquerizo, uno de los representantes de Oil Services & Solutions (OSS), empresa que presuntamente pagó sobornos para acceder a contratos con la petrolera. Él actualmente está detenido. Según las investigaciones, esa vivienda cuesta USD 170 000.
Las oficinas de OSS, que funcionaban en el norte de Quito, también fueron incautadas. Este Diario habló con el administrador del edificio y dijo que arrendaban el inmueble, pero no dio más datos.
En otro sector del norte de la capital se confiscaron las oficinas de Energy S.A., contratista de Petroecuador. Esa oficina cuesta USD 220 000 y está a nombre de Glenda M., otra de las procesadas. En el caso de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, la Policía incautó dos casas y un terreno. Esos bienes están en Esmeraldas y rondan los USD 375 045.