La noche del viernes 15, peritos se llevaron de la Presidencia de la República evidencias relacionadas con la denuncia. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Los militares que están al cuidado de la seguridad presidencial dicen que en Carondelet las operaciones se manejan a través de protocolos estrictos. La idea es descartar, por ejemplo, una posible presencia de equipos de espionaje en las salas de reuniones, en el balcón y en otros sitios.
Si es así, ¿por qué no se detectó antes la presencia de una cámara en el despacho presidencial? El general Ernesto González, quien dejó la máxima jefatura de las Fuerzas Armadas en el 2012, dice que llama la atención que el actual Servicio de Protección Presidencial no haya detectado a tiempo ese dispositivo. “Se hace un barrido electrónico, porque hay información sensible. Entonces, si va a haber una reunión, previamente Inteligencia, con sus aparatos, hace ese análisis”.
Según el presidente Lenín Moreno, este hallazgo se produjo por casualidad. “Una cosa graciosa es que se hace un barrido de cámaras todas las mañanas, a las 08:00. Es decir como para que ese momento detengan y después puedan encender cuando quieran”.
Por ahora, la cámara es sometida a un análisis por parte de agentes de Criminalística, quienes deberán entregar un informe en 10 días, dentro de la investigación que encabeza el agente fiscal Fabián Salazar.
El coronel en servicio pasivo Luis Hernández señala que es necesario que la investigación de este caso abarque tanto al anterior como al nuevo grupo de seguridad, para que expliquen qué sucedió mientras se realizaba el traspaso de funciones. De hecho, Moreno ha dicho que el equipo que cuidaba a Rafael Correa no le informó nada a su seguridad.
Eduardo Mangas, secretario general de la Presidencia, dio nuevos detalles del hallazgo de la actual administración. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró que desde el 2009, año en que Rafael Correa empezaba su segundo período presidencial, en su despacho se filmaban en secreto las reuniones que mantenía.
“¿Es esto traición, desconfianza o exceso de control a compañeros? Lenín (Moreno) nunca traicionaría a compañeros filmándolos en espacios de confianza…”, escribió Mangas.
Según los reglamentos internos de FF.AA., el relevo de cargos implica entregar toda la información por escrito.
Esas actas son reservadas y protegidas por un reglamento de custodia. El personal que recibe estos papeles es responsable de su seguridad. Cuando se quiere acceder a estos, es necesario cumplir requisitos y hay plazos para su devolución.
Finalmente, los documentos quedan archivados en la unidad militar respectiva. En este caso, los informes estarían en poder de quien maneja la protección presidencial.
Al frente de este grupo está el general Pedro Mosquera. Él ha dicho que el personal está alertado de lo sucedido, que no pueden sacar ninguna conclusión y que es necesario obtener los resultados de la investigación pedida por Moreno.
La Fiscalía, por lo pronto, ya receptó las versiones de cuatro funcionarios de la Presidencia. Ellos se trasladaron hacia la Fiscalía General, la misma noche del viernes.
El Ministerio de Defensa aclaró que “no se ha dicho nada sobre quién podría haber estado monitoreando el aparato en este momento”. Todo entrará a investigaciones.
Ricardo Camacho, experto en seguridad, se pregunta ¿dónde está el puesto de mando para receptar la señal de la cámara? “Toda la información tenía que llegar a un punto central, para que analice la información y la clasifique, además de tener todos los archivos”.
En junio pasado, este Diario entró al lugar en donde opera el Servicio de Protección Presidencial, y allí se conoció que entre los aparatos tecnológicos que usa este Servicio hay uno diseñado para analizar el espectro radioeléctrico.
Este sirve para detectar equipos de vigilancia electrónica y bloquear cualquier señal espía mediante la descarga de voltajes superiores a 220 voltios.
El personal que conforma este grupo -en su mayoría militar- firma una declaración juramentada de confidencialidad en el momento que acepta este trabajo. Es decir, lo que vea y lo que escuche mientras realiza sus labores profesionales no puede ser divulgado bajo ninguna circunstancia.