Redacción Cuenca
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El cerro Tamuga, en la zona del Paute, sigue en peligro. Un nuevo estudio de impacto y manejo ambiental revela la necesidad urgente de avanzar en la segunda etapa de estabilización, pero esta vez de la parte posterior del cerro.
La investigación realizada por el Consejo de Aguas de la Cuenca del Paute (CG-Paute) concluyó hace un mes. El resultado establece que en siete años se deben descargar 3,1 millones de metros cúbicos de material flotante del talud posterior, para evitar un desastre similar al de La Josefina. Este se registró en 1993.
Los pasos a seguir
En el estudio de Impacto y Manejo Ambiental, el CG-Paute invirtió USD 20 000. La entidad que tome a cargo la estabilización deberá invertir otros USD 174 000 para el programa de mitigación de los impactos.
El documento fija un plan de señalización para el control del tránsito en el área de influencia, implementación de prendas de protección para los trabajadores, uso de carpas de protección para las volquetas y humectación periódica de las vías.
Un programa de prevención y control de desastres también deberá activarse. La idea es declarar el área de incidencia directa como pasivo ambiental y de intervención urgente para acelerar la estabilización.
Y, finalmente, recuperar el entorno paisajístico en la zona mediante la reforestación y recuperación de la capa vegetal.Esa catástrofe dejó la inmensa acumulación de material. Por eso, en 1998, como medida preventiva, se aplicó el plan de estabilización del cerro, que duró hasta el año pasado. En ese tiempo se extrajeron 1 860 000 metros cúbicos de material pétreo, que se empleó en la obra pública.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Consejo Provincial de Azuay y los municipios de Cuenca y Paute se beneficiaron del material. “Esa extracción logró estabilizar el talud frontal”, explicó Raúl Sarra Pistone, experto internacional que realizó el Plan Maestro del Tamuga.
Pero esa actividad dejó algunos efectos negativos, como los altos niveles de contaminación ambiental por el polvo y el ruido. Eso afectó más a las comunidades de Zhizhío y
El Descanso, parroquia San Cristóbal, del cantón azuayo de Paute, principalmente.
Al estar ubicadas en la falda del talud frontal también soportaron la alteración del tránsito vehicular, por la presencia de unas 55 volquetas que ingresaban diariamente al Tamuga y que extraían 660 metros cúbicos de material granulado. En esa zona existen 30 concesiones de áridos privadas.
Por eso, cualquier entidad que intervenga en la segunda fase del Plan de Estabilización deberá hacerlo sobre la base del nuevo Plan de Manejo del Tamuga, precisó Marcelo Jaramillo, director ejecutivo del CG-Paute. “Con ello se pretende causar el menor impacto negativo en la zona”.
En cambio, las poblaciones más cercanas al talud posterior del cerro son la cabecera parroquial de San Cristóbal y las comunidades de Pastopamba y Chascarsi. Un poco más distantes están los caseríos de El Descanso, La Victoria, Pueblo Nuevo, Bella Vista, La Dolorosa, Pampa Negra, La Ramada, San Pedro, Canta Gallo y Tuzhpo.
En San Cristóbal viven unos 2 200 habitantes y fue una de las parroquias más afectadas en el desastre de marzo de 1993. Algunos poblados mantienen viviendas dispersas.
Allí, las familias sobreviven de la agricultura (cultivo del maíz, fréjol, arveja y hortalizas) y, además, del tejido de sombreros de paja toquilla.
Según Jaramillo, el Plan de Estabilización deberá complementarse con la suspensión de todas las actividades extractivas de áridos en la zona especial uno, que va desde la confluencia de los ríos Santa Bárbara con El Paute, hasta el pie del Tamuga.
Esa decisión se aplicó hace un mes. Tras un recorrido por la zona especial de La Josefina, autoridades de los ministerios de Minas y Petróleos y de Medioambiente prohibieron indefinidamente la explotación de áridos en siete de las 12 concesiones existentes.
“Los infractores carecían de título minero y extraían material de forma antitécnica, en unos casos con maquinaria”, señaló Eduardo Vélez, técnico del CG-paute. Según el Plan Maestro Hidráulico del río, esta actividad aumentó la inestabilidad del Tamuga.
Pero también se registró una acelerada erosión regresiva al fondo de las márgenes del río. Eso incidió sobre el descenso del nivel del lecho del afluente. “En algunos casos, eso afectó a los taludes construidos tras el desastre de 1993”, precisó el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco.
Por eso, en el momento hay una Comisión Interinstitucional que monitorea y vigila que los infractores no retomen las actividades, como ocurrió hace un año, cuando se impuso una suspensión similar. Se esperará conocer qué entidad se hace cargo de la segunda fase de estabilización.
En la primera fase, el CG-Paute lideró el proceso y se realizaron convenios con las entidades beneficiarias. Pero, en la actualidad, hay una etapa de transición, pues es parte de los organismos de Desarrollo Regional que serán absorbidos por otra entidad que hace el mismo trabajo, en este caso la Secretaría Nacional del Agua.
En la actualidad, la Dirección Regional de Minería analiza una solicitud de concesión de libre aprovechamiento de materiales en la cuenca del Paute, que fue presentada por el Consejo Provincial del Azuay.