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Parlamento Andino, con balance en contra; posesión será el 19 de mayo

La posesión de los nuevos parlamentarios andinos será el 19 de mayo, ante la Asamblea Nacional. Hernández enfrenta un dilema.

La posesión de los nuevos parlamentarios andinos será el 19 de mayo, ante la Asamblea Nacional. Hernández enfrenta un dilema.

La posesión de los nuevos parlamentarios andinos será el 19 de mayo, ante la Asamblea Nacional. Hernández enfrenta un dilema. Fotos: Archivo EL COMERCIO

Los nuevos parlamentarios andinos buscarán mejorar la representación de Ecuador en este organismo, una gestión que ha sido observada por la Contraloría y está debilitada por pugnas internas.

La socialcristiana Cristina Reyes, Paúl Desamblac (ID), Miriam Cisneros (Pachakutik), y los correístas Verónica Arias y Virgilio Hernández tienen esta misión. Ellos asumirán el próximo 19 de mayo.

El mandato terminará para Patricia Terán (PSC), Fausto Cobo (Creo) y las correístas Pamela Aguirre y Mireya Cárdenas y Hugo Quiroz (AP), en medio de cuestionamientos que arrastra este organismo.

El último provino de la Contraloría General del Estado. El 11 de febrero pasado emitió un informe en el que determinaron incumplimientos del reglamento en cuanto al mínimo de tres sesiones al mes que debe tener la misión ecuatoriana en el Parlamento Andino.

El organismo de control determinó que en marzo y julio del 2019 no tuvieron una sola sesión y que esto se repitió en abril, mayo y julio del 2020. En los últimos cuatro años, solo en seis ocasiones cumplieron con el mínimo de sesiones mensuales (una por semana). Además, se evidenció que algunos parlamentarios faltaron sin justificación.

Patricia Terán, vicepresidenta de este ente, manifestó que cada parlamentario debe responder por sus actos.

Sin embargo, reconoció que en el reglamento de esta entidad no se contemplan sanciones para los parlamentarios que no acudan a las sesiones. “Así no presente su justificación, no es que le vamos a descontar el sueldo, no existe eso en nuestro reglamento”.

La Contraloría predeterminó que en el último período, Pamela Aguirre se ausentó sin justificación al 15% de las sesiones, además de faltar a tres de las 10 sesiones en Bogotá, que se realizan una vez al mes con los parlamentarios de los otros países andinos.

Aguirre aseguró haber presentado sus descargos y desvirtuado el caso. “Demostré que las supuestas inasistencias eran delegaciones internacionales que cumplí en mi calidad de Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales”.

Aseguró que los viajes para esas misiones a países europeos para interceder por el visado Schengen, Rusia o el Mercosur no le costaron “un solo centavo al Estado ecuatoriano ­sino que fueron costeados por el Parlamento”.

“Los deberes de parlamentaria no solo son la asistencia a las sesiones sino también el cumplimiento de delegaciones internacionales”, insistió.

Aseguró que en cuatro años, cinco informes de Contraloría se han dado en su contra, y que ha salido limpia. Además, argumentó que a ella no le correspondía convocar a las sesiones, sino a la vicepresidencia de la delegación en Quito.

Terán reconoció que las pugnas internas no han sido ajenas a este organismo, pues cuando en junio asumió la vicepresidencia, los parlamentarios del correísmo no daban quórum para las sesiones, algo que Aguirre niega; sin embargo admite que “han existido inconvenientes con su gestión (de la socialcristiana)”.

De todos modos, para Terán lo más importante del examen de la Contraloría es que también establece que tres parlamentarios andinos recibieron sus sueldos mientras estaban en campaña electoral, algo que -asegura- va en contra el Código de la Democracia que exige que para ello debían pedir licencia sin sueldo.

En cuanto a un balance de gestión, la Vicepresidenta refiere que en cuatro años se han aprobado 50 marcos normativos y 10 normas comunitarias en temas como violencia de género, migración, discapacidades. Aunque admite que una de las debilidades de este organismo es que sus pronunciamientos no tienen el carácter de vinculantes.

“Nuestro trabajo es más administrativo, no es político, porque nosotros no tenemos esa posibilidad, no hacemos leyes que se acaten en el país”.

Agregó que desde que en marzo del 2020 arrancó la pandemia no han podido acudir a la sede en Bogotá, pero ahora las sesiones son virtuales.

Entre los planes de trabajo de los nuevos parlamentarios está reforzar la integración regional en temas educativos, de salud y turismo. Tres de ellos cuentan con amplio recorrido en la política (ver perfiles).

Virgilio Hernández planea convertir a este ente en una tribuna contra la Alianza del Pacífico. Pero afronta un dilema: no podrá acudir a las sesiones en Bogotá hasta que se resuelva el juicio en su contra por supuesta rebelión, ya que tiene impedimento de salir del país.

Espera que en este mes ya se emita una sentencia sobre este caso, que afronta desde las protestas de octubre del 2019. Hernández dice que se confirmará su inocencia.

“Creo que la gente sabe que lo mío es un montaje judicial que lo que buscaban era silenciarme. No tengo imposibilidad alguna de ejercer el cargo, ni siquiera una sentencia de primera instancia”.

El Estado entrega USD 2 millones al año para que este organismo opere en Ecuador.